La Consejería de Hacienda estudia la posibilidad de sancionar a los ayuntamientos que no presenten su contabilidad, bien sea retirando las subvenciones o bonificando a las corporaciones cumplidoras. El Principado confía en que cada vez haya más consistorios que se apunten a la práctica virtuosa de informar sobre sus cuentas en tiempo y forma. Lo que más preocupa es la existencia de un grupo de ayuntamientos recalcitrantes que año tras año obstaculizan las funciones de control y supervisión. Desde el Gobierno regional se recuerda la plena disposición a ceder medios humanos y materiales para que los consistorios aporten los datos técnicos necesarios.

Si el 84% de los entes locales no entregan la documentación que solicita el Principado es porque no quieren desvelar su chapucera gestión o porque no saben cómo contestar a las demandas de la Administración autonómica. A corto plazo ninguna de esas dos situaciones va a cambiar. Para pasar de la ilegalidad a la legalidad es preciso que se resuelvan antes las dudas que penden sobre los ayuntamientos, para lo que es necesario que se concrete la reforma local. Los alcaldes consideran que sufren un tratamiento económico injusto que privilegia al Estado y las comunidades autónomas en el reparto de impuestos. No estamos en un momento idóneo para abrir el melón de la financiación municipal, en paralelo a la reforma de la financiación autonómica, pero sí se pueden hacer ajustes largamente demandados, como que las corporaciones locales no asuman competencias de los entes autonómicos sin recibir la consiguiente contrapartida económica. El Gobierno de Rajoy ha dejado caer que retirará los fondos que corresponden a los gobiernos regionales si estos no cumplen con las obligaciones derivadas de los convenios que firman con los alcaldes, en materia de sanidad, educación y servicios sociales.

El reequilibrio de las finanzas municipales viene de la mano de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pone una camisa de fuerza al despilfarro municipal. La férrea limitación al recurso del crédito supone una terapia de austeridad. El mejor ejemplo lo tuvimos el pasado año, cuando el Ayuntamiento de Gijón se quedó sin rivales para organizar la semifinal de la Copa Davis. Establecido el orden y repartidas las cargas entre las administraciones, los alcaldes entregarán sus cuentas.