Rajoy ha advertido que el techo de déficit público para las comunidades autónomas, en el 2013, se mantendrá en el 0,7% del PIB. Los gobiernos regionales pedían mayor flexibilidad, pero el presidente del Gobierno fue taxativo: ni una décima más. Según el jefe del Ejecutivo, los mercados financieros verían con recelo cualquier tregua en la lucha contra el déficit, y las operaciones de crédito saldrían más caras. España perdería muchos recursos con la consiguiente subida de la prima de riesgo. El argumento de Rajoy es sólido. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han ordenado a los miembros de la eurozona que avancen en la política de consolidación fiscal, marcando objetivos anuales de déficit que van encaminados, en el caso de España, a rebajar la diferencia entre gastos e ingresos al 3% en el 2014. Esa meta estaba fijada para 2013, pero nos han dado un año más de margen. Todavía no sabemos el dato final de 2012, pero se especula con que el déficit habrá estado en el entorno del 7%. Con esas premisas, está claro que ni la Administración central, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos pueden darse un respiro en el combate contra el exceso del gasto.

Los gobiernos regionales protestan por el doble baremo que utiliza Rajoy para atacar el déficit, según se trate de la Administración central o de las autonomías. Para este año, el Gobierno tiene establecido un tope de déficit del 3,8%, y a las regiones se les baja el techo al 0,7%. Esos objetivos no fueron negociados con nadie. Aparentemente, es mayor el esfuerzo que se pide a las autonomías del que está dispuesto a realizar el propio Gobierno.

Ahora bien, cuando se mira con detalle la situación, las cosas no están tan claras. En el tope de déficit del Gobierno están incluidas las cuentas de la Seguridad Social, que tienen un desfase creciente. Pensemos que sólo en pensiones, el Estado gasta 27.000 millones más que cuando empezó la crisis. Pero, además, el Ejecutivo central ha asumido el coste de hacer frente a la bancarrota de las autonomías, creando el Fondo de Liquidez Autonómica y dando dinero a chorro para que financien sus gastos. Ahí está Cataluña que propugna el derecho a decidir, con una mano, y extiende la otra para que el Ministerio de Hacienda le dé más de 9.000 millones de euros. Por no hablar del chollo de pedir dinero a cuenta al Estado, con tipo de interés cero.