Semana revuelta en los ayuntamientos asturianos que contrasta con la calma en las instituciones autonómicas del Principado. En Siero se decide hoy quién será el alcalde, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dejando sin efecto la moción de censura que llevó a la Alcaldía a Eduardo Martínez Llosa, portavoz de Foro. Los magistrados del TSJA consideran que a los cuatro ediles del PP que apoyaron a Eduardo Martínez se les puede dar el tratamiento de tránsfugas y aplica todas las cautelas contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para diluir el peso de los ediles tránsfugas en las mociones de censura.
SIERO
El Ayuntamiento de Siero sigue acumulando capítulos rocambolescos a su larga singladura de anomalías. Juan José Corrales perdió la Alcaldía por rematar una noche de copas al volante del coche oficial; José Antonio Noval (PP) fue alcalde por el choque entre facciones socialistas; Eduardo Martínez (Foro) podrá retener la Alcaldía por el traslado del anterior regidor socialista al Principado. Se abren apuestas sobre el siguiente incidente que afectará Al Ayuntamiento de Siero.
Como toda esta secuencia es conocida y fue muchas veces comentada, quiero llamar la atención sobre las consecuencias políticas que se derivan de la actual redacción de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. De la finura de los legisladores y la aún más certera puntería de los jueces, resulta que un alcalde puede mantenerse en la poltrona frente a la mayoría absoluta de la oposición. Ninguna moción de censura lo movería de su puesto, pero su gestión ordinaria quedaría bloqueada por la mayoría de la Corporación municipal. Por ejemplo, si Guillermo Martínez fuera repuesto como alcalde Siero no podría aprobar presupuestos ni ordenanzas fiscales ni reglamentos, frente a la mayoría de “Los Trece”.
Es muy osado tratar de dar consejo a los legisladores, pero me parece que el ánimo de acabar con la desagradable figura del tránsfuga está muy mal resuelto en la norma y en las sentencias. La persecución legal del tránsfuga crea, de facto, la figura del medio-concejal, que no vale para investir alcaldes, pero sí para el resto de actos de disposición del Ayuntamiento. Se me ocurren remedios económicos para acabar con el transfuguismo, mucho más simples y eficaces, que el de limitar la capacidad de voto en determinados supuestos.
CUDILLERO
El escándalo de Cudillero avanza hacia su consecución. El ciudadano Ignacio Fernández acaba de recibir la credencial de concejal sin tener un voto de respaldo. De las seis mayorías absolutas de Francisco González, apoyadas en la votación mayoritaria del pueblo, pasaremos a la mayoría absoluta de Ignacio Fernández sin ningún respaldo popular. Resulta que Juan José Corrales no podía seguir siendo alcalde de Siero por exceso de alcohol, pero Ignacio Fernández puede ser alcalde de Cudillero sin el aval de los ciudadanos. Me parece mucho más grave la segunda anomalía que la primera.
Resulta un insulto a la inteligencia el relato de los concejales socialistas de Cudillero que renuncian a la Alcaldía por presión ambiental. El argumento es válido para Palermo y si se me apura aún tiene validez para el Goierri, pero es un sinsentido aplicarlo para cualquier ayuntamiento asturiano, territorio pacífico, tolerante, plural y abierto, donde las haya. El déficit democrático del futuro mandato de Ignacio Fernández pesa menos que la ausencia de una explicación plausible por parte del PSOE.
En ese escenario cobra un valor especial la valiente declaración del alcalde socialista de Pravia y presidente de la Federación de Concejos, Antonio de Luis Solar, al afirmar que Ignacio Fernández “no tiene legitimidad democrática” para ser investido alcalde de Cudillero.
GIJÓN
Estrambótico Pleno del Ayuntamiento de Gijón. La izquierda optó por abandonar la reunión y hablar para la prensa. Los tres ediles de IU no tuvieron tiempo casi de sentarse y ya estaban saliendo de la sala. En los códigos de IU siempre se contempla el recurso de dejar el escaño y salir a la calle. Para un cargo de IU es tan importante lo que se haga fuera de las instituciones como lo que ocurre dentro. Los gestos de denuncia (portar carteles, abandonar reuniones, hacer huelgas de hambre) forman parte del arsenal de IU.
El caso del PSOE es distinto. El PSOE, como el PP, es un partido nítidamente institucional, donde no cabe la pataleta, y menos cuando su portavoz, Santiago Martínez, acababa de estrenar el discurso del consenso por primera vez en el mandato. La izquierda se quejó de que la Alcaldía vacía los plenos de contenido, pero hace un menos de un mes, la propia izquierda, apoyada por el PP, cambió las normas para que sea el pleno municipal el que arrebate las competencias a la Alcaldía, en una votación sin precedentes en el Ayuntamiento de Gijón.
Aunque quizás la parte más cómica del pleno no estuvo en el estrafalario abandono de la izquierda -una decisión excepcional que sólo se justifica ante situaciones extremas-, sino en la impostada actitud de los concejales del PP que argumentaron airados las tres iniciativas dictadas por la dirección regional del partido (cesar a los coordinadores del plan de empleo, reducir dos cargos de confianza y quitar las dietas de asistencia a los consejos de las empresas municipales) para que sus jefes vieran a través de las cámaras de Canal 10 que obedecían sus órdenes. Apagadas las cámaras, vivieron con mucha tranquilidad el rechazo de su proposición sobre las dietas. Grandes actores.