Desde que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI han escogido el baremo del déficit público para valorar a los gobiernos, toda la política económica está orientada a reducir la brecha entre gastos e ingresos. Durante la crisis del petróleo, la variable de referencia era la inflación y por eso los famosos Pactos de la Moncloa fueron un gran acuerdo para frenar el ascenso imparable del IPC. En la actualidad, el crecimiento del PIB, la evolución del desempleo y el comportamiento de los precios quedan en un segundo plano ante la preocupación por el déficit.

No conocemos aún cuál fue el dato del déficit público de 2012. El déficit del Reino de España es la suma de los déficit de la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Suscita más interés conocer la evolución de gastos e ingresos de las regiones, que en las otras administraciones, ya que el pasado año las comunidades autónomas desbordaron con mucho el tope máximo establecido y tienen una bien ganada fama de gastizas y poco corresponsables con eso que se llama los “intereses de Estado”. Como no se han publicado los resultados oficiales, hay que moverse con datos oficiosos, que indican que Madrid y Extremadura han superado de forma sobresaliente la prueba, ya que el techo para 2012 estaba fijado en el 1,5% del déficit público, y Madrid se habría quedado en el 1,1% y Extremadura en el 0,97%. Llama poderosamente la atención este último resultado, porque Extremadura es la región de lo público, por excelencia, baste con decir que el 33% de los puestos de trabajo están en el sector público. El presidente Monago ya ha empezado a ponerse medallas en el pecho. Sirva como reflexión que Extremadura es la tercera región con más paro, así que bien le venía un poco de heterodoxia, haciendo crecer el déficit con más gasto público, para que la gente viva mejor, haya más consumo privado, Hacienda tenga más ingresos y baje, finalmente, el déficit.

Hay un grupo de regiones que parece que superarán el examen, como Castilla-León, Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha, pero es un aprobado tan ajustado que puede acabar en suspenso. ¿Asturias? También hay señales positivas, pero el Principado prefiere guardar silencio, siguiendo la norma de Javier Fernández de evitar cualquier muestra de triunfalismo, mientras no estemos ante hechos confirmados.