Luis Bárcenas se ha quedado sin pasaporte y deberá presentarse en el juzgado cada quince días. El ex tesorero del PP ha declarado en la Audiencia Nacional que los 22 millones de euros depositados en una cuenta de Suiza se debían a plusvalías logradas en la compra-venta de obras de arte, movimiento de valores bursátiles y operaciones inmobiliarias. Según un informe de la Policía, Bárcenas no realizó operaciones con bienes culturales, en cuanto a las plusvalías inmobiliarias y bursátiles las valora en menos de tres millones.

Las vicisitudes judiciales del ex tesorero hacen contener la respiración al Gobierno y la cúpula del PP. El impacto provocado por la filtración de la supuesta contabilidad B no fue contrarrestado por los dirigentes del PP que se limitaron a negar los hechos, diciendo que nunca hubo más contabilidad que la oficial. Días más tarde, afinaron su estrategia y empezaron a restar autenticidad a los papeles, basándose en elementos técnicos (tipo de letra, ausencia de datos). La reacción del Gobierno quedó frenada al saberse que Bárcenas había realizado, antes de acabar 2012, una declaración ante notario en la que constan los donativos recibidos por el PP y el destino dado a los mismos durante los años en que fue tesorero. Ahora con la decisión del juez, aumenta el cerco sobre Bárcenas que se encuentra imputado en el sumario Gürtel por blanqueo de capitales, cohecho y fraude fiscal.

El “affaire” de Bárcenas es el único escándalo por corrupción que afecta directamente a la cúpula del partido en el Gobierno. El PP goza de mayoría absoluta en la Cámara y gobierna en una docena de comunidades autónomas, así como en la gran mayoría de las capitales de provincia. Si las “bombas” documentales que maneja el ex tesorero no son de fogueo, el daño originado al PP conllevará una crisis de Estado. El clima está abonado para ello, con asuntos como los del Instituto Nóos, las operaciones “Pokémon”, “Manga” y “Campeón”, la putrefacción catalana y la robadera de la Junta de Andalucía con la gestión de los expedientes de regulación de empleo. Si a eso sumamos la larga cola del desempleo, con seis millones de parados, tenemos todos los ingredientes para que se dé una crisis sistémica, que se puede llevar por delante las instituciones democráticas. Para solucionar las dificultades no basta con ganar un debate parlamentario a Rubalcaba.