La imputación, por prevaricación, del portavoz parlamentario, Ángel González, ha desatado una tormenta en las filas de IU. Los responsables de las organizaciones de Gijón, Oviedo, Avilés y Langreo piden que el dirigente imputado abandone su cargo, ya que las normas internas de IU señalan que cualquier representante institucional debe dejar su puesto en el caso de que se vea implicado en una causa penal. Las demandas de los responsables territoriales fueron contestadas por el coordinador general, González Orviz, tildando de canallas y bastardas las voces críticas.
Ya están puestos todos los ingredientes para una nueva crisis interna en IU. Como suele ocurrir en los partidos políticos, se discute por un asunto, pero las causas reales de la discrepancia son otras. Es muy extraño que al día siguiente de conocerse al auto judicial imputando a Ángel González salgan los principales dirigentes territoriales pidiendo, en tromba, su dimisión. Las organizaciones municipales derrotadas en la última Asamblea de IU quieren tomarse el desquite aprovechando un suceso que no estaba en la agenda política. La respuesta del coordinador general es tan contundente que preludia una dura batalla interna. La diferencia de IU con el resto de partidos consiste en que cualquier suceso engorroso da paso a la refriega interna, mientras que en otros grupos se cierran filas y aguantan las descalificaciones de otras formaciones. En IU siempre hubo voluntarios para derribar su propia morada. Ángel González trabajaba como viceconsejero de Bienestar Social. Sería muy interesante saber si en la época (año 2010) en que decidió fraccionar el encargo de los monolitos para convertirlo en tres contratos menores (adjudicación a dedo, por no superar los 18.000 euros) hubo miembros de la Consejería que presentaran objeciones. En aquel departamento estaba lo más granado del actual sector crítico, pero como entonces todos remaban en el misma barca no hubo polémica.
Manuel Orviz se adhirió a la doctrina de retirar la confianza en dirigentes imputados y ahora sufre el coste de tan arriesgada iniciativa. La imputación no es sinónimo de culpabilidad. Hay un ministro que estuvo en su día imputado y, luego, quedó en nada. Las condenas políticas y sociales anticipadas son injustas con las personas y no añaden nada a la lucha contra la corrupción.