Aprobado el anteproyecto de la Reforma Local, el PP dice que es un texto abierto para negociar con los grupos políticos. El partido del Gobierno manifiesta voluntad de consenso y canta loas sobre las bondades del anteproyecto al decir que pretende que los servicios públicos sean de más calidad y más baratos, cuando todos nos conformaríamos con que mantuvieran la calidad y el precio. Lo normal es negociar y, luego, decretar, pero en esta ocasión se hace al revés: primero se convierte en letra oficial y después habla la oposición.

No siento ningún fervor por la liturgia del consenso. El Gobierno de Rajoy tomó medidas impopulares desde que comenzó el mandato, así que es muy difícil que la oposición asuma el coste de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Rubalcaba mantiene la petición de dimisión de Rajoy, haciendo inviable un pacto de Estado entre los dos grandes partidos. Lo que sí debería hacer el Ejecutivo es abrir un diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque ese organismo no tiene otro fin que defender los intereses de las administraciones locales. La FEMP no participa de ninguna estrategia de oposición y está presidida por Iñigo de la Serna que es alcalde del PP.

El anteproyecto del Gobierno da un trato discriminatorio a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y muy favorable a las grandes ciudades, cuyos alcaldes pueden tener sueldos altos y rodearse de decenas de asesores. El problema principal es la distribución de competencias y lo aborda de una forma muy poco realista, ya que la devolución de las llamadas competencias impropias a las comunidades autónomas no es viable en las actuales circunstancias, porque carecen de recursos para financiarlas. La otra alternativa que plantea la ley, consistente en la delegación de competencias a los ayuntamientos, tampoco resuelve el problema, porque exige hacerlo con suficiente cobertura de recursos, lo que está fuera de sus posibilidades. Otros aspectos, como la obligada privatización de empresas municipales (en cuanto se presenta la oferta de una empresa privada hay que poner en sus manos el servicio, bien sea de aguas, transporte o recogida de basuras) no puede presentarse de una forma tan rígida. Si el Gobierno está dispuesto a flexibilizar su postura que ensaye el diálogo con la FEMP, en caso contrario chocará con la realidad.