La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no sirvió para fijar objetivos presupuestarios, sino para añadir indeterminación y confusión. De lo aportado por el Ministerio de Hacienda se deduce que en cuanto se obtenga el plácet de la Comisión Europea se va a relajar la lucha contra el déficit. Hasta el presente, la meta consistía en terminar el ejercicio con un desfase entre gastos e ingresos del 0,7% del PIB, pero ahora no se aclara cuál es el nuevo techo de déficit para 2013. De las informaciones obtenidas por los distintos gobiernos regionales se deduce que el límite se va a elevar hasta el 1,2% del PIB. Es decir, sólo habrá que rebajar tres décimas con respecto a 2012. Justo el mensaje que querían escuchar los responsables de las comunidades autónomas derrochadoras (Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Baleares), para darle todavía más alegría a la política de gasto. Si el pasado año, con una política de austeridad inflexible, cinco comunidades autónomas gastaron más de la cuenta, da miedo pensar lo que ocurrirá este ejercicio con el cambio de discurso del Gobierno de Rajoy.
Hace unos días, el consejero de Economía de la Generalitat declaraba que no podían reducir el déficit porque significaba cerrar equipamientos públicos. Ocultaba el consejero las decenas de embajadas catalanas en el extranjero que no han sufrido ningún recorte, y que ahora con la tolerancia mostrada por Cristóbal Montoro hacia el gasto redundarán en un mayor déficit. Ya podemos afirmar por anticipado que la ampliación del techo de déficit va a llevar a un mayor desfase entre gastos e ingresos. Después querrá el Gobierno retocar las jubilaciones y rebajar la subvención al desempleo para hacer frente a la subida de la prima de riesgo, efecto derivado de la falta de control sobre el déficit.
Del Consejo de Política Fiscal y Financiera salió otra conclusión aún más inquietante: la fijación de distintos techos de déficit para las comunidades autónomas. El portavoz de Extremadura, región que logró una mayor estabilidad presupuestaria, señaló que habría que premiar a las comunidades cumplidoras (Asturias, Extremadura, Madrid, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón, Castilla y León) y apretar las clavijas a las derrochadoras. De las palabras y de los silencios cabe temer que será justo al revés. El Gobierno quiere darle aire a Cataluña.