Ya se han dado los primeros pasos para que las reglas de financiación de las comunidades autónomas pierdan toda pretensión de objetividad y queden al albur de la negociación secreta entre las comunidades más poderosas y el Gobierno central. La perniciosa bilateralidad que vicia los flujos de dinero del Estado a las regiones.
Es importante captar el proceso cuando está en sus inicios, para no tener que ir, luego, corriendo con la lengua fuera detrás de hechos consumados. El primer paso se dio en el otoño pasado, cuando el Ministerio de Hacienda configuró el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y animó a todas las comunidades a solicitar dinero prestado. El reglamento del FLA estaba pensado para satisfacer las necesidades de regiones como Cataluña o Valencia, pero sólo era válido, parcialmente, para la demanda de crédito de Asturias. Los números son elocuentes: la Generalitat solicitó algo más de 5.000 millones de euros que le fueron abonados en sus cuentas, automáticamente, mientras que Asturias necesitaba 423 millones, y sólo tuvo derecho a recibir 261.
FLA
Para el año 2013, ante la bancarrota de un buen número de comunidades autónomas, el Gobierno ha aumentado la dotación del FLA, que pasa de tener una cobertura de 18.000 millones a 23.000. Pues bien, Cataluña ya ha exigido la transferencia de 9.173 millones y el ministro de Hacienda ha dado su conformidad. Asturias necesita 396 millones, pero dadas las cláusulas del FLA sólo tendrá acceso a 206. Tenemos siete veces menos de población que Cataluña, pero recibimos cuarenta y cuatro veces menos de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. Como el FLA es un instrumento potente, llamado a tener cada vez más influencia, por ahí se empieza a establecer la nueva doctrina de la asimetría territorial.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado jueves, se dieron más pasos en la nueva dirección. El ministro de Hacienda, tras anunciar su disposición a ampliar el techo de déficit público de las regiones (para 2013 estaba fijado en el 0,7% del PIB), dijo que contemplaba la fijación de distintos techos de déficit, adaptados a la realidad de cada región. Los gobiernos autonómicos más derrochadores y con problemas endémicos de endeudamiento, véase Cataluña o Valencia, celebraron entusiasmados el anuncio, mientas que los ejecutivos de Madrid, Aragón, Extremadura y Castilla-León, se opusieron a la medida. La consejera de Hacienda del Principado, Dolores Carcedo, aceptó la fijación de distintos topes de déficit, siempre y cuando no se penalice a las comunidades que han hecho los deberes.
DOLORES CARCEDO
Vamos por partes. Rebajar el objetivo de déficit, pasando del 0,7% al 1,2% (esta última cifra es la que barajaban los consejeros regionales de Hacienda) es un error profundo del ministro Cristóbal Montoro. Supone echar perder todo el terreno ganado a lo largo de 2012. A los líderes autonómicos les parece de perlas, porque así tienen más dinero para gastar (en el caso de Asturias, unos cien millones de euros), ya que a ellos la cuestión del equilibrio presupuestario no les incumbe, pasándole la responsabilidad a Rajoy. En resumen, las comunidades disciplinadas (Asturias, Galicia, Castilla y León, Madrid, etcétera) van a relajarse y las derrochadoras (Cataluña, Murcia, Andalucía, Baleares, Valencia) mantendrán su tren de vida a costa del Estado. Lo acabaremos pagando todos, con la prima de riesgo y los ajustes en prestaciones sociales (desempleo, prejubilaciones).
Segunda parte: los diferentes techos de déficit. No dudo de la buena intención de Dolores Carcedo, que ha dado pruebas de tomarse con rigor el control de las cuentas, pero en este contexto aceptar que se implanten distintos límites al déficit, según las características de cada región, es una decisión temeraria. Se abre las puertas al diálogo bilateral, de modo que las regiones poderosas acuerden con el Ministerio de Hacienda una dieta, y a las de pequeño tamaño y gobernadas por distinto partido, les receten otra. Las pautas tienen que ser las mismas para todos. Con el margen de déficit va a ocurrir exactamente lo mismo que con el FLA: se fijarán unas condiciones favorables para Cataluña y perjudiciales para regiones como Asturias. Otro avance en la línea de implantar la doctrina de la asimetría territorial.
TRES MONTONES
Y queda por comentar el último acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera: la revisión del modelo de financiación autonómica.
El sistema de financiación se acordó tras el proceso de negociación más largo habido en la democracia. Lo firmaron todos los gobiernos. Asturias salió bien parada y recibe 1.480 euros por habitante, mientras que Cataluña aporta 403 euros “per capita”. El Gobierno propone revisar el modelo para invertir los flujos de dinero, de modo que Cataluña no transfiera dinero a las regiones atrasadas. El Gobierno juega a la estrategia de los tres montones: sumados los recursos que reciben los catalanes del FLA (9.173 millones), la ampliación de su techo de déficit (más licencia para gastar) y el nuevo sistema de financiación (fin de las transferencias a los pobres), aspira a que la Generalitat aplace el referéndum de autodeterminación. Una operación de Estado, a la que Asturias va a contribuir -junto con otras regiones pequeñas y poco pobladas- pagando los platos rotos. Del histórico café para todos a la asimetría territorial.