La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado a conocer al Gobierno las discrepancias que tiene con el proyecto de Reforma Local. Quiere que se retire la amenaza de intervención para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, en el caso de que estos no cumplan con las pautas de deuda y déficit. También pide que los municipios de menos de 20.000 habitantes retengan todas sus competencias, pudiendo, como máximo, ser gestionadas temporalmente por la Diputación o el gobierno regional correspondiente. Está en contra de aplicar un mismo coste estándar para los servicios de todo tipo de ayuntamientos, solicitando que los costes de referencia se adecuen al tamaño de la población. La FEMP no acepta que se impida a los alcaldes de los consistorios más pequeños –menos de 1.000 habitantes- cobrar un sueldo por desempeñar su labor.

Tantas objeciones y de tanto calado demuestran que la Reforma Local no es fruto del acuerdo entre administraciones. No participo del papanatismo generalizado sobre el valor del consenso. Para unas cosas está bien, pero en otros casos sólo sirve para diluir iniciativas acertadas, que con el pretexto de sumar apoyos obliga a renunciar a los aspectos más interesantes del proyecto inicial. Como estos días se recuerda a Margaret Thatcher, vale la pena traer a colación su aserto: “soy persona de convicciones, no de consensos”. No obstante, hay un supuesto en que el acuerdo amplio resulta obligado y se trata de toda ley que afecta medularmente a la organización y gestión de otras administraciones. Verbigracia: se puede poner techo al déficit de las regiones por decisión unilateral del Gobierno central, pero no se puede aprobar la financiación autonómica sin pactar con los gobiernos de los distintos territorios. Pues bien, este fue el error garrafal del Gobierno que aprobó una norma que incorpora cambios históricos en los consistorios sin llegar a un acuerdo con los alcaldes.

Los planteamientos del Ejecutivo son discutibles, aunque están movidos por una idea loable: hacer sostenibles a los consistorios. El problema básico es que la norma desciende a tal nivel de concreción que se carga la autonomía municipal. ¿Cómo va a poder decidir el Congreso de los Diputados que el alcalde de Caso no tenga sueldo? Una reforma tan profunda exige negociación y paciencia con los afectados.