Hay que reconocerle a la Junta de Andalucía la capacidad que tiene para influir en el debate político español. La última muestra de ello es el original proyecto de expropiación de viviendas con moradores en trance de desahucio, que se sustancia arrebatando la casa al banco y pagando un pequeño interés durante tres años a la entidad financiera. La norma andaluza contempla la imposición de multas de 9.000 euros a las entidades que tengan inmuebles vacíos sin alquilar. La idea partió de la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, y ha sido saludada con gran satisfacción por toda la izquierda española: por fin, una iniciativa que le para los pies a los bancos.

En Asturias, IU plantea importar la propuesta andaluza, precipitando la reacción de los socialistas que quieren crear un protocolo de actuación para negociar con los bancos la solución a los casos de desahucio. Puede que la alternativa del Principado incluya la utilización del parque público de viviendas, donde hay 600 pisos desocupados. La fórmula de Javier Fernández no contempla la expropiación de inmuebles.

La figura del desahuciado, como problema político, es una novedad de 2012. La puso sobre el tapete la sociedad civil, a base de movilizaciones convocadas ante las casas de las personas afectadas, impidiendo el paso a la Policía. Luego, la izquierda parlamentaria asumió la demanda y el Gobierno de Rajoy respondió con promesas de solución que el tiempo se encargó de rebajar, porque los bancos quieren mantener el estatus actual y el Gobierno teme que la dación en pago de la vivienda provoque el alza de la prima de riesgo, al estar la mayoría de las hipotecas titulizadas y vendidas en el mercado como bonos seguros. Esa es la cara de la moneda, y las centenares de miles de familias arrojadas a la calle constituyen la cruz. Con la agitación social que hay en España se creo el clima para soluciones como la que propone IU. Hace un par de años parecería una alternativa demagógica y ahora hasta Elena Valenciano la recibe con alegría. Puede que el Principado tenga margen para resolver los desahucios que se presenten con las 600 viviendas vacías de su propiedad, pero en caso contrario dudo mucho que se pueda frenar la propuesta de IU. Con un 24% de paro, la política se abre a escenarios desconocidos. Las medidas extraordinarias jalonarán la agenda política del 2013.