Las enmiendas a la totalidad presentadas por Foro y PP sobre la reforma del sector público asturiano fueron rechazadas en la Junta General del Principado. Foro criticó el proyecto socialista, porque sólo afecta a 11 empresas dentro de las 84 que conforman el sector público regional. Según el principal partido opositor, no es posible ahorrar 33 millones de euros, fusionando o vendiendo 11 sociedades de pequeño tamaño. Para Foro se trata de una reorganización confusa, parcial e insuficiente. El PP calificó de “planecito” el proyecto gubernamental, y animó al Principado a acometer una reestructuración de verdad, acorde con la difícil coyuntura que atraviesa Asturias.

El sector público del Principado, una miscelánea de entes, empresas, sociedades, fundaciones, patronatos y organismos autónomos, creció desenfrenadamente en los últimos quince años. Cuando la economía dejó atrás la crisis de 1993, la recaudación del Principado creció con fuerza y la Administración ganó en espesor, de la mano de las competencias transferidas (Educación, Sanidad, Justicia) y de la ambición de una clase política que sólo se acuerda que la economía tiene un curso cíclico, cuando las cosas vienen mal dadas. Hay otra razón fundamental para crear esas empresas: la capacidad que tienen para camuflar la deuda de la Administración. Con las sociedades públicas se puede gestionar de una forma más ágil que a través de un órgano de la Administración, se disfraza la deuda, se contrata a más trabajadores y se extienden los tentáculos del poder. Así llegamos a los 84 entes del Principado. Muchos de ellos no son necesarios, pero el personal que trabaja en ellos y los políticos que los abanderan, los califican de imprescindibles. El otro día se manifestaron veinte personas por el centro de Oviedo para defender que no se cierre su chiringuito.

Tras año y medio de recortes, encabezados por el Gobierno de Rajoy, la fronda de empresas públicas se mantiene en pie en toda la España autonómica. Se pueden bajar sueldos, vender edificios, cerrar centros de salud, jubilar anticipadamente, subir impuestos, reducir escaños, pero las empresas públicas no se tocan. Esta es la pauta de comportamiento generalizada. Aportan gasto, déficit y deuda, pero ningún político las quiere cerrar, porque no pagan esos gastos, ni asumen el déficit ni responden por las deudas.