En la rueda de prensa del pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, nuestra troika doméstica –Sáenz de Santamaría, De Guindos, Montoro- desveló el objetivo de déficit público de las comunidades autónomas para 2013: 1,2% sobre PIB. El Gobierno prevé para 2014 que las regiones tenga un déficit del 1%, y en 2015, del 0,7%. En resumen, que se aplaza por dos años la operación de consolidación fiscal, ya que hasta el pasado viernes regía el 0,7% como objetivo de déficit para el presente ejercicio. El Estado, con el beneplácito de la Comisión Europea, regala una prórroga de veinticuatro meses a las comunidades autónomas.
A la hora de valorar la cifra del 1,2%, hay que separar dos cuestiones. Por una parte, la cifra, en sí, como tope adecuado o inadecuado; y por otra, la asignación de ese déficit a los territorios. ¿Se va a establecer el mismo techo de déficit para los 17 gobiernos regionales? ¿Se trata de una cifra global -1,2%- que se repartirá de forma desigual entre las comunidades autónomas, dando más margen a Cataluña o Valencia, y menos a Asturias o La Rioja? Separemos ambas cuestiones. Vamos con la primera.
Para Asturias, el establecimiento del 1,2% es un tope muy holgado. Hace unos días, Fedea dio a conocer un trabajo hecho por sus investigadores, en los que se preveía que Asturias podría cerrar 2013 con un desfase entre gastos e ingresos de alrededor de medio punto porcentual. Si en 2012, el Principado tuvo un déficit del 1,04%, hacer los deberes de 2013 (1,2%) será muy sencillo.
CHIRINGUITOS
El Gobierno regional calcula que podrá disponer de un suplemento de 110 millones de euros para dedicar a la inversión. No cabe discutir sobre el dato, la cifra sale de una simple operación matemática. Lo que se puede añadir es que los presupuestos de 2013 también podrían haber incluido esos 110 millones extra de inversión si el Principado hubiera reducido su sector público. En un contexto de austeridad forzada, la consolidación fiscal debe hacerse, fundamentalmente, por la vía del recorte de gastos. En el plazo de cuatro años, la descompensación producida por el excesivo gasto tuvo como resultado que el endeudamiento se triplicara. Reducir el sector público no es una proeza humana, ahí está la RTPA o la Procuraduría General, esperando que llegue un gobernante sensato y termine con el derroche. La inflación presupuestaria desarrollada durante el Gobierno de coalición, PSOE-IU, no supuso un avance del Estado del Bienestar, sino la etapa de abundancia para la Administración, con muchos organismos públicos, aumento de asesores, gerentes y cargos de confianza de pensamiento único.
La estrategia del ajuste fiscal no se puede basar en permanentes subidas de impuestos -o creación de nuevos tributos- y en rebaja de inversiones, como se hizo en los presupuestos de 2013, que contaron con la inexplicable complicidad de IU y UPyD, dando su voto a unas cuentas que sólo reservaban 364 millones para la inversión. ¡Y dicen que les preocupa el empleo!
La permanente queja por la caída de ingresos, como justificación de subidas fiscales y recorte de inversiones, encubre que el Estado transfirió 11.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, en plena época de recortes. Si se echan bien las cuentas, se comprueba que los problemas económicos vienen mucho más por el crecimiento del gasto, que por la falta de ingresos. Con la fijación del déficit en el 1,2%, el Gobierno regional tendrá 110 millones de más para invertir, pero si no hubo hasta ahora más dinero para reactivar la economía no fue por el manido déficit, sino por el conservadurismo de la Administración, que quiere mantener vivos los chiringuitos.
A LA CARTA
Vamos con la segunda cuestión: tope de déficit igual para todas las comunidades autónomas o límites de déficit a la carta, según las características concretas de cada región. Hasta la fecha, todos los territorios compartieron el mismo objetivo de déficit. Conceder más margen para gastar a unas regiones que a otras supone un agravio comparativo. Para vender el déficit a la carta, se pone como ejemplo lo que ocurre en la UE, donde la Comisión Europea marca distintos objetivos de déficit para cada estado. No es lo mismo. Se trata de países que no comparten políticas fiscales, ni sistemas bancarios, ni normas laborales, ni modelo de servicios públicos ni tratamiento de clases pasivas. Sin embargo, las 17 comunidades autónomas están cobijadas bajo un mismo marco legal. La idea del déficit a la carta, demandada por la Generalitat catalana, es un privilegio.
El Principado tiene toda la fuerza moral para impugnar cualquier intento de crear déficit a la medida de cada comunidad autónoma. Si Cataluña no quiere cerrar sus embajadas por el ancho mundo o apuesta por cebar la televisión autonómica con cientos de millones de euros, es su problema. No es el nuestro. 1,2% de déficit obligaría a la Generalitat a realizar un ajuste de siete décimas sobre el gasto de 2012. No se trata de obligarles a ejecutar un plan draconiano.
Los obstáculos no están en Asturias ni en Cataluña, sino en el Gobierno de España, que con tal de apaciguar las ansias independentistas de la Generalitat es capaz de concederles cualquier prebenda y echar a perder el trabajo hecho por las comunidades autónomas en la senda del ajuste fiscal.