El Consejo de Gobierno del Principado acordó iniciar la vía contencioso-administrativa contra la política del Ministerio de Industria de retener los 56,6 millones correspondientes a los fondos mineros del año 2102. Esta reclamación judicial se suma a la presentada por el Gobierno de Álvarez-Cascos sobre los fondos del año 2011, que tampoco fueron aportados por el departamento del ministro Soria.

Estamos en presencia de incumplimientos flagrantes, derivados de compromisos concretos de obligado cumplimiento. El hecho de que dos gobiernos de distinto signos, uno de Foro y el otro del PSOE, hayan recurrido a los tribunales, en vez de perder el tiempo entre quejas e intentos de negociación, da idea de la razón que les asiste. Comprendo que estamos en una coyuntura de máxime escasez de dinero, pero los convenios firmados atan a las partes. Todo lo que tiene que ver con la minería del carbón no es visto con buenos ojos por el Ministerio de Industria. Todavía están pendientes de entregar los 111 millones correspondientes a las ayudas a explotaciones del año 2012. Visto en perspectiva, la denuncia de Hunosa contra la empresa de Victorino Alonso, por la custodia del stock del carbón, no se puede disociar de la política del Gobierno hacia ese grupo privado y hacia la minería, en general. A día de hoy, el sector funciona sin plan del carbón, sin fondos mineros, sin ayuda a la producción del carbón y sin que las empresas eléctricas quemen carbón nacional en sus térmicas. Eso sí, hay la amenaza de cierre sobre los pozos para finales de 2014, cuando expire el plazo marcado por la Unión Europea para las subvenciones al carbón español concedido por el Gobierno de Zapatero.

Los fondos mineros constituyen un capítulo aparte dentro del fin de la minería. Fueron creados en 1997, a iniciativa del Gobierno de Aznar, como un programa especial para compensar el declive de las explotaciones. Posteriormente, Zapatero aumentó su cobertura presupuestaria. Desde el principio, estuvieron sometidos a una lucha soterrada por la gestión, en la que participaron los gobiernos (nacional y autonómico) y los sindicatos mineros. La opinión pública nunca se pudo formar un juicio claro sobre la disputa. Alrededor de 3.000 millones fueron destinados a las cuencas asturianas, sin que pudieran detener la decadencia. El balance final es muy triste.