Los 122.700 parados registrados en la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año, es el dato que cambió todas las previsiones de la agenda política asturiana. El trabajo de las comisiones de investigación o de estudio de reformas, en la Cámara, pasa a ser un tema menor ante el drama del desempleo masivo. Nunca se había visto nada semejante. Pese a la tendencia de la Junta General del Principado a perderse en debates de poca monta, la última sesión parlamentaria de preguntas al presidente estuvo centrada en el desempleo, principal problema de los asturianos.
JÓVENES Y MAYORES
Javier Fernández sorprendió a los diputados con el anuncio de un plan de empleo destinado a los parados de larga duración que tengan más de 45 años, que servirá para contratar a 700 trabajadores durante doce meses. Cada euro que se dedique a rescatar a personas del paro sea bienvenido. Tras el anuncio se imponen las preguntas. ¿Cuántos planes de empleo aprobará el Gobierno regional? Hace unos días nos presentaron un plan para menores de 26 años que dará trabajo a 2.000 jóvenes, con una cobertura de 48 millones hasta 2015. Era la primera iniciativa del mandato. Ahora se anuncia un plan para mayores de 45 años, dotado con 10 millones. ¿Se trata de 10 millones en tres años, como el plan para jóvenes, o es una cantidad anual? ¿Cómo puede ser que con 10 millones se pueda dar trabajo a 700 trabajadores y con 48 millones sólo se contrate a 2.000 jóvenes? ¿De la dotación para el empleo juvenil, cuánto va destinado a contratar mano de obra y cuánto a financiar los famosos cursos de formación?
Tratándose de una materia tan importante, asombra que el Principado no ofrezca explicaciones exhaustivas. Se dice que está todo en el acuerdo de concertación social, pero cuando uno tiene la oportunidad de hablar con líderes sindicales de máximo nivel tampoco encuentra respuestas precisas. ¿Es mucho pedir que el portavoz del Gobierno aclare estas cuestiones a la sociedad asturiana o estamos abocados a conocer anuncios parciales de empleo, siguiendo criterios de oportunidad política, bien sea para acallar las críticas de la oposición en los debates parlamentarios o para rebajar la conflictividad social?
Con los pocos datos que tenemos a mano y pese a la incertidumbre que rodea a la materia, vamos a arriesgarnos a realizar algunas consideraciones. En principio, salvo declaración oficial en contra, el Principado ha comprometido hasta ahora un volumen global de 58 millones de euros para planes de empleo, de los que hay que descontar una parte destinada a los cursos en formación, que dejarán reducida la dotación para el empleo a 50 millones, en el más optimista de los supuestos. Si se ejecutan en tres años (2013, 2014, 2015), nos encontramos con que la asignación anual para contratar a desempleados es ligeramente superior a 16 millones.
IU DUPLICA
El presidente del Principado dijo en el Parlamento que todo el presupuesto regional está comprometido y sólo quedan 524 millones para políticas de gasto. ¿No se puede sustraer una cantidad sustancialmente superior a los 16 millones, de los 524 disponibles, para rescatar a trabajadores del paro? El Principado ofrece el 3,5% de los recursos de libre disposición, como si hiciese un gran esfuerzo.
Ángel González (IU) puso el dedo en la llaga, cuando pidió que se duplique el número de trabajadores a contratar por los planes de empleo y que se resuelva, antes del mes de junio, el colapso en la tramitación del salario social. Es una petición extraordinaria, propia de una emergencia, como la que está viviendo la sociedad asturiana con el 25,3% de paro. En el debate con los portavoces, Javier Fernández reprochó a Álvarez-Cascos que reivindicara el “salario joven”, aplicado por el Gobierno de Foro, ya que, según el presidente, se llevó a costa de desatender otros asuntos que los socialistas creen prioritarios. ¿Puede aclarar el presidente qué asunto es más urgente que paliar el 63% de paro juvenil? ¿Es más importante atender la factura de la RTPA que el paro juvenil? ¿La Procuraduría General debe tener trato preferente? ¿Las decenas de empresas y tinglados públicos que drenan los recursos del Principado -y las carteras de los contribuyentes- tienen prioridad sobre los más de 40.000 parados de larga duración que hay en la región?
GIJÓN
Es difícil de entender que el Ayuntamiento de Gijón, sin competencias en la materia, y con un presupuesto que no llega a ser ni la doceava parte que el del Principado, pueda tener un programa de empleo destinado a las familias que tienen todos los miembros en paro, que alcanza a cien beneficiarios, y que el Gobierno regional no haya pensado en una medida similar.
Da la impresión que ni el presupuesto del Principado ni el acuerdo de concertación social han contemplado una reserva de recursos a la altura del desafío social planteado. Como nadie está obligado a ser adivino, se impone que el presidente acuda al Parlamento y presente una reasignación de partidas a tono con las necesidades expuestas. Un sencillo trueque: recorte en tinglados y dinero extra para combatir el desempleo sobrevenido. En caso de no hacerlo, veremos cómo los planes de empleo se quedan cortos y la tramitación del salario social seguirá colapsada. Y crecerá el malestar.