El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ve con optimismo la reforma de los ayuntamientos que plantea el Gobierno central. No aclara Íñigo de la Serna si se siente optimista por tener el carné del PP o si es la lectura del anteproyecto de ley la que le infunde esperanza. Para cualquier observador, la norma preparada por Rajoy implica un cambio profundo en el municipalismo español, que afecta a la autonomía de los consistorios y supone un recorte, de facto, en las competencias que se prestan.

Si el articulado del proyecto no se flexibiliza, la gran mayoría de los ayuntamientos españoles serán vaciados de competencias, porque el coste de la prestación de servicios quedará por encima del llamado “coste estándar”, fijado por el Gobierno para atender a los ciudadanos. Si, por ejemplo, en el coste de la recogida de basuras se toma por referencia lo que le cuesta dar ese servicio a los ayuntamientos de Madrid o Barcelona, llegaremos a la conclusión de que a casi todos los ayuntamientos de España les resulta más gravoso: es distinto utilizar un camión con dos o tres trabajadores por las calles de una gran ciudad, que recoger basuras en una pequeña villa con algunas aldeas alrededor. Por eso, el presidente de la FEMP propone introducir nuevos criterios para establecer el coste máximo de los servicios, como la dispersión de la población o el envejecimiento.

De la Serna señala que la mayor parte de las enmiendas presentadas por la FEMP tiene que ver con los municipios pequeños. Es lógico, porque a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes la norma no les deja siquiera la capacidad de poner un sueldo al alcalde. El anteproyecto de ley de Reforma Local tiene dos objetivos ocultos que se intuyen entre los renglones del texto: reducir el mapa ayuntamientos y acotar un modelo municipal que no suponga más carga financiera para el Estado. No se suprimen ayuntamientos, pero se ponen tales requisitos para su funcionamiento que el 80% de los servicios municipales serán gestionados por las diputaciones o los gobiernos autonómicos. Seguirá habiendo 8.115 consistorios, pero la mayoría quedarán reducidos a un edificio institucional y poco más. Con la Reforma Local no es preciso negociar un sistema de financiación municipal, ya que los déficit en los servicios se endosan a diputaciones y comunidades autónomas.