Tal como había anunciado, Francisco González ha entregado el escaño tras serle comunicada la apertura de juicio oral por presunto delito continuado de exacciones ilegales. En el sumario se acusa al ex alcalde de Cudillero de cobrar el servicio de seguridad que prestaba la Policía Local a los chiringuitos en el verano. El diputado declaró que no estaba dispuesto a paralizar la región por aferrarse al sillón. Elsa Pérez será su sustituta en la Junta General del Principado.

El plan del Partido Socialista funcionó con la exactitud de un reloj suizo. Francisco González presentó su dimisión en cuanto supo que tendría que sentarse en el banquillo de los acusados. La pauta propuesta por Javier Fernández para los casos de presunta corrupción, estableciendo que los cargos públicos deberían abandonar las instituciones en cuanto se abriera juicio oral contra ellos fue escrupulosamente seguida por el ex regidor de Cudillero. Durante unas semanas Francisco González no apareció por el Parlamento, lo que dio pie a especular sobre cuál sería su proceder si el partido le pidiera la entrega del acta de diputado. Sin embargo, llegado el momento no hubo atisbo de vacilación, aunque el diputado socialista declaró sentirse víctima de un complot en el que incluyó al PP, que presionó al fiscal, según su criterio. Más plausible que la apelación al complot, fue la explicación que dio sobre el cobro por los servicios prestados por la Policía, donde la diferencia entre lo lícito y lo ilícito está en la existencia o no de una ordenanza, no habiendo sido advertido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Al menos esta es una versión sin apelar a relatos rocambolescos.

Cada caso de corrupción es distinto, aunque se repita, con frecuencia, la tipificación penal. Cuando hay una gran alarma social es imposible esperar a que se abra el juicio oral para exigir el abandono de las instituciones. Sería inimaginable que María Jesús Otero siguiera de directora general de Educación, por poner un ejemplo evidente. Forzar la dimisión es, a veces, un acto injusto de imposible reparación, ya que si resulta absuelto no hay forma de compensar moral y materialmente el daño causado. Como hay que fijar un criterio, el secretario general de la FSA propone que no se pueda compatibilizar la presencia en el escaño y en el banquillo. Y Francisco González acató la norma.