Los portavoces de IU y UPyD apuran al Gobierno regional para que impulse las políticas económicas y sociales contenidas en los presupuestos de 2013. Ángel González e Ignacio Prendes hacen especial hincapié en los planes de empleo. Según pasan los meses, los aliados de Javier Fernández empiezan a ponerse nerviosos. Una cosa es negociar los presupuestos con el Ejecutivo socialista y avalar la concertación social, actuaciones que en nuestra región tienen el sello de progresistas, y otra muy distinta es ver cómo sube el desempleo y no se tiene un mínimo de sensibilidad con los parados. En Navidades se aprobaron las cuentas regionales y todavía no gastó el Principado ni un euro en dar ocupación a los trabajadores que ya agotaron la subvención del desempleo. El Ejecutivo está muy volcado en la batalla contra el déficit público a la carta, que preconiza Cristóbal Montoro, y se muestra expectante ante la revisión del modelo de financiación autonómica, pero debería tener media hora al día para poner en práctica los planes para contratar desempleados que son más necesarios que nunca.

Faltan sólo dos años para las elecciones autonómicas y los aliados de los socialistas empiezan a hacer sus cálculos. UPyD está atado a un pacto de legislatura, que le vincula más que le beneficia, pero IU tiene las manos libres para modular los acuerdos y disensos con el Gobierno. La reprobación de la consejera de Bienestar Social fue la primera vía de agua del mandato, y en una materia muy sensible: la gestión de las ayudas a la Dependencia y el salario social. Con 122.700 parados, en los servicios sociales y en la política de empleo se juega la credibilidad del Gobierno asturiano. En unas circunstancias tan excepcionales no cabe argumentar que se trata de competencias prioritarias del Gobierno central, porque aunque sea cierto, otros gobiernos regionales se implicaron más en esa materia. Hace unos pocos años había un Ejecutivo de izquierdas en el Principado, que sólo en los planes de empleo de Gijón, inyectó 32 millones de euros.

En el 2011, se organizó una campaña contra el Gobierno de Cascos con el argumento de que no hacía nada. Con otros consejeros seguro que se hubiera podido gestionar más rápido. De todas formas, a los seis meses de mandato, ya se había aprobado el Salario Joven y firmado los contratos. Ahora llevamos un año contando parados.