Javier Fernández declaró que el Principado estudia recurrir ante los tribunales la propuesta del Gobierno de Rajoy de fijar distintos techos de déficit público a las comunidades autónomas. El presidente señaló que nunca aceptará el trueque entre paz política y recursos económicos. Javier Fernández aludía a la gran cuestión que se esconde tras el déficit a la carta: la política de apaciguamiento de Rajoy con el nacionalismo catalán, que se concreta en dulcificar las exigencias del ajuste fiscal en Cataluña y en dar más financiación a la Generalitat tras la oportuna revisión del modelo de financiación territorial. Las ventajas económicas para la región catalana tendrían una contrapartida: la renuncia a la consulta soberanista, poniendo fin a la vía independentista y devolviendo al nacionalismo catalán a la senda del autonomismo.

Al Gobierno de Rajoy le puede resultar interesante forzar la renuncia al soberanismo a cambio de una suma de euros, porque el Ministerio de Hacienda no haría ningún sacrificio, siendo las haciendas autonómicas las que financiarían el nuevo estatus económico de Cataluña. La perspectiva del Principado, como la de Extremadura, Castilla-León, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón o La Rioja es, forzosamente, opuesta. No se puede aceptar una política fiscal o un sistema de asignación de recursos territorial basado en la asimetría. Hace bien el Principado en rechazar un nuevo statu quo basado en privilegios. A lo largo de toda la etapa autonómica, Cataluña y el País Vasco obtuvieron beneficios económicos con la amenaza de tirarse al monte; los distintos gobiernos de España nunca quisieron jugar la carta de la legalidad, siempre prefirieron ganarse la voluntad nacionalista tirando de chequera.

Javier Fernández amenaza con recurrir a los tribunales. Me temo que la vía judicial no lleva a ningún sitio. El reparto del déficit público entre comunidades autónomas es una decisión política y no hay ninguna norma que obligue a hacerlo de una u otra forma. No es un problema de legalidad, sino de oportunidad. La respuesta debe ser política y tiene que concretarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como una región de un millón de habitantes no puede imponer su criterio, hace falta buscar aliados. El Principado debería hacer una ronda de contactos para presentar una estrategia alternativa.