El Gobierno y sus socios (IU y UPyD) han aprobado la reforma del sector público autonómico, con el voto en contra de Foro y PP. El ya clásico 23 contra 22 de la Junta General del Principado. Aunque me produce fatiga discutir sobre cuestiones de método o procedimiento, no está de más destacar el curioso mecanismo diseñado por el Principado para reducir empresas, fundaciones, organismos autónomos y entes públicos. El viernes se dio el primer paso, con unas cuantas fusiones y alguna orden de venta. Luego vendrá una segunda fase en la que se anuncia como propuesta estrella el corte de pelo a la RTPA. Después de las dos primeras reorganizaciones llegará una ley del sector público en la que se fijará la estructura y los criterios del mismo. El sentido común señala que lo más natural es seguir el orden inverso: se aprueba una ley y de ella se derivan las medidas concretas a tomar, como el cierre de empresas, ventas, fusiones, redimensionamientos, etcétera.
Hacer las cosas al revés tiene una ventaja para el Ejecutivo: se toman medidas concretas sin necesidad de entrar en explicaciones generales. No hace falta hablar de motivaciones ni aportar argumentos. Volveremos sobre ello.
MAQUILLAJE
La reforma del tripartito, PSOE-IU-UPyD, supone pasar de 83 entes públicos a 76. El sector público asturiano queda con un tamaño muy parecido al que tenía, así que más que hablar de reforma habría que hablar de somera reorganización. No tiene sentido que una familia anuncie la reforma de su casa y todo se limite a cambiar la orientación de los sofás. Fusionar 112 con Bomberos, Recrea con la Sociedad Regional de Turismo, o tratar de vender las acciones del Principado en Sedes es una simple operación de maquillaje. El sector empresarial autonómico goza de una excelente salud porque cuenta con la confianza del tripartito.
Desde una perspectiva económica la reforma resulta irrelevante. Es igual de caro mantener 83 entes que 76. En la propuesta aprobada se incluye la venta de la participación en Sedes, contabilizada en 18,5 millones de euros, pero su valor en la práctica es muy inferior. ¿Hay algún empresario del ramo que esté dispuesto a pagar más de 3.000 millones de pesetas por el 40% de Sedes? Una cosa es el valor en los libros y otra en el mercado.
El ajuste en el sector público del Principado es prácticamente inexistente, como se puede comprobar por la nula preocupación que causa en el personal. Mientras el aumento de dos horas y media en la jornada de los funcionarios, implantado por Rajoy, provocó movilizaciones y huelgas, el anuncio de fusiones y cierres de Javier Fernández dejó indiferentes a los empleados públicos.
Desde el Gobierno siempre se argumenta que Asturias tiene un sector público contenido. El discurso oficial también dice que tenemos una presión fiscal muy moderada, un medio ambiente preservado, un desempleo menos agobiante que en otras regiones, una calidad de vida alta y un largo etcétera. Una suma de tópicos interesados que no resisten la comparación con la realidad. Un par de datos sobre el sector público dejan las cosas en su sitio.
TAMAÑO
El Principado tiene 83 entes públicos, en una región de un millón de personas, mientras que la Generalitat cuenta con 437, en un territorio de 7,5 millones de habitantes. Para tener el mismo número de entes “per capita” que Asturias, Cataluña debería contar con más de 600. Y eso que todos los días criticamos el sobredimensionado sector público del nacionalismo catalán. La comparación con Madrid es mucho más desfavorable, porque la comunidad autónoma madrileña cuenta sólo con 172 entes -el doble que Asturias- con seis veces más de habitantes que nosotros. Claro que allí Esperanza Aguirre tenía otras ideas. El sector público asturiano está sobredimensionado y experimentó un gran crecimiento en los últimos quince años, sin que la mejora de las prestaciones al ciudadano haya crecido en la misma medida que el pago de impuestos.
El ajuste del sector está motivado por la necesidad de recortar el déficit público. El Principado evita pregonarlo porque no comulga con esa filosofía. Así llegamos al quid de la cuestión. ¿Cómo se va a reformar el sector público regional si en el tripartito asturiano no hay reformadores y no existe espíritu reformador? El Principado está instalado en el puro continuismo, en la repetición de las ceremonias del pasado (concertación social), como si fuera posible recrear el modelo de región que había hace diez o veinte años. Ejemplo de esa forma de pensar es que se haya excluido de la venta el Hotel de la Reconquista. La izquierda no vende un hotel de cinco estrellas. Debe temer que lo compre un empresario privado, tire de piqueta y construya un bloque de viviendas. También Mittal iba a achatarrar Ensidesa.
Reducir el sector autonómico es una necesidad porque el Principado necesita liberar recursos para destinarlos a la inversión. Hay empresas que han entrado en concurso esta primavera porque no recibieron las ayudas prometidas. El sector empresarial privado sólo sabe de pagar impuestos y sortear reglamentos, cuando es el que crea empleo, mientras que el sector público vive de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas privadas. Vana reflexión porque no hay reforma sin reformadores.