De forma discreta y sin alharacas, el Principado inició el diálogo con los grupos parlamentarios para adoptar una posición común sobre el reparto de déficit público entre regiones. Hasta el presente, el Ministerio de Hacienda fijaba un tope único para los gobiernos autonómicos, pero ahora el Gobierno ha adelantado que establecerá distintos techos de déficit para las diecisiete autonomías. Las regiones más pobladas y con mayor peso político en el debate nacional, como Andalucía, Cataluña, Madrid o Valencia han apoyado la idea de aprobar el déficit a la carta. El Gobierno de Extremadura aceptó la aplicación de distintos techos de déficit, con la condición de que fueran más holgados para las regiones que cumplieron el año anterior con las exigencias planteadas. Sin embargo, lo que está sobre la mesa es justo lo contrario: grandes facilidades para los territorios incumplidores y mayor rigidez para las regiones que han hecho los deberes.

Ante este panorama, el Principado quiere ir a negociar a Madrid con el mayor respaldo posible de la Junta General del Principado, de ahí que haya empezado a dialogar con los partidos, estando en plena sintonía con IU, UPyD y Foro. Todavía no se sabe lo que hará el PP. Mercedes Fernández tiene una papeleta complicada, porque debe aunar la defensa de los intereses asturianos con la lealtad al Gobierno central. Rajoy quiere implantar el modelo del déficit asimétrico y a Asturias le conviene el mismo techo de déficit para todas las regiones. Algunos líderes regionales del PP han fijado condiciones para asumir el modelo asimétrico de Rajoy, pero todos ellos están gobernando, mientras que el PP asturiano se encuentra en la oposición. Firmar un documento con los otros cuatro partidos (PSOE, Foro, IU y UPyD) supondría pasar a formar parte de un frente contra el Gobierno central, algo que no se puede permitir el PP.

Las probabilidades de que los 17 gobiernos autonómicos se pongan de acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre el déficit son mínimas. No es posible pasar de un sistema igualitario a otro de agravio comparativo, con el beneplácito de todos. Pero el mayor mal no descansa en la arbitrariedad del método, sino en el daño que va a causar a la política de consolidación fiscal. Bruselas nos dio dos años más para realizar el ajuste y Rajoy concede una tregua a las regiones.