Hay cuestiones de gobierno que tienen interminables prólogos, llenos de docenas de declaraciones, donde se juntan propuestas reales con maniobras de simulación, para que la gente vaya asimilando los cambios que van a llegar. Ejemplo de ello es la reforma de los ayuntamientos, ya que aunque el Consejo de Ministros todavía no aprobó el anteproyecto de la Reforma Local hay un sinfín de declaraciones. El Gobierno de Rajoy tenía un modelo definido que suponía un cambio radical con respecto a los actuales entes locales, de modo que las competencias municipales pasarían en el 90% de los casos a manos de diputaciones, con la excepción de las comunidades autónomas uniprovinciales, como Asturias, donde serían gestionadas por los gobiernos regionales.

Ese modelo definido ha chocado con la opinión de los alcaldes que unánimemente rechazaron el plan concebido en el borrador del Gobierno. Ningún regidor con mando en plaza está a favor de transferirle sus atribuciones a otra Administración superior, a no ser que sopese presentar su dimisión. Una cosa es que la gestión de los servicios públicos les resulte muy gravosa a alcaldes y concejales, y otra que renuncien a sus competencias. El choque entre el plan primitivo de Cristóbal Montoro y la resistencia de los alcaldes a quedarse con el cargo desnudo de atribuciones ha llevado a que el Gobierno no haya dado luz verde al plan inicial.

Estábamos en estas cuando Montoro hizo la enésima incursión en el tema para decirnos que con la reforma de los consistorios los ciudadanos pagarán menos impuestos porque ya no habrá más competencias duplicadas (competencias que prestan, simultáneamente, ayuntamientos y comunidades autónomas). Un asunto nuevo. Hasta ahora nadie había dicho que la racionalización del mapa municipal, por la vía de transferir medios humanos y materiales a los gobiernos regionales, llevaría aparejado menos obligaciones tributarias para los ciudadanos. No creo que así sea. Ni se reducirá el número de empleados ni se ahorrarán trámites administrativos. Hasta la fecha, las comunidades autónomas son los entes públicos que tienen una mayor tendencia a generar gastos, así que aumentando su campo de intervención no vamos a ahorrar. El ministro lo dice para rodear el proyecto de un mensaje cautivador, con el objeto de venderlo ante alcaldes y pueblo soberano.