En las perspectivas financieras de la UE (2013-2020) se contempla una caída de los fondos para las regiones españolas. No es ninguna sorpresa. Desde que la UE procedió a la gran ampliación, integrando en el tratado a los países al este del Danubio, estaba cantado que España perdería fondos de cohesión y fondos estructurales, porque hay países y regiones mucho más pobres. Para nosotros el gran periodo de recepción de dinero europeo fueron los primeros años del siglo, pero ahora el lugar que entonces ocupaba España le corresponde a Polonia. Son las reglas del juego. Para que un territorio reciba tiene que haber otro que sea solidario y ningún país goza de una posición holgada. Cuando se habla de pedirle a Alemania hay que recordar que el PIB de ese país crece a un ritmo mínimo (0,5% del PIB), así que el margen para la solidaridad está tasado. Una vez que los países ricos limitaron el techo del presupuesto comunitario estaba claro que no habría mucho dinero para los fondos de cohesión y que la mayor parte iría destinada a los países del Este.

Asturias sufre en carne propia la pérdida de fondos de España. Nuestra región ya no está ubicada en las categorías de territorios de trato preferente, sino que se encuentra inmersa en un grupo donde están incluidos el País Vasco, Navarra o Cataluña. Para evitar la pérdida de fondos, expertos asturianos proponen renacionalizar las ayudas, echando mano del olvidado Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Una idea muy bien intencionada que tiene nulas probabilidades de prosperar. El Estado está haciendo frente a demandas que hace sólo tres o cuatro años nos parecerían descabelladas, como la de financiar los déficit de las comunidades autónomas y hacer frente a las facturas impagadas de regiones y ayuntamientos. Con la recaudación de impuestos bajo mínimos, pensar que puede detraer recursos para dotar el FCI es una quimera. Si Alemania, Holanda o Finlandia no tienen margen para actuaciones solidarias, el Ministerio de Hacienda español, tampoco.

Estamos en los prolegómenos de la revisión del sistema de financiación autonómica y en la antesala de la reforma de los entes locales. De una u otra manera, el Estado tendrá que poner recursos adicionales, aunque ahora diga lo contrario. En las épocas de bonanza se perdió la ocasión de aumentar la dotación del FCI y ahora toca lamentarlo.