Con la presencia de los consejeros de Hacienda autonómicos, Rajoy presentó el plan del Gobierno para reformar las administraciones a través de 217 medidas, de las que más de la mitad están destinadas a evitar solapamientos entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Se trata de propuestas sensatas que puede apoyar cualquier grupo, si en España no fuera el sectarismo la norma de relación entre partidos. El Gobierno quiere vender 15.000 inmuebles, crear una plataforma centralizada de compras y acabar con los chiringuitos autonómicos, así como limitar los sueldos de los cargos públicos y reducir coches oficiales. Nada que objetar.

Ahora bien, tal como lo plantea Rajoy dudo mucho que sea operativo. Las 120 medidas dedicadas a “duplicidades” (¿Por qué duplicidades, si hay tres administraciones y en muchas materias las tres meten la cuchara? ¿No sería mejor hablar de solapamientos, sin determinar si son dos o tres las administraciones?) no tienen carácter ejecutivo, sino que se formulan como recomendaciones, o consejos, que los gobiernos autonómicos no llevarán a la práctica. Hay más de 4.000 chiringuitos colgando de los presupuestos de los gobiernos regionales y pese a los exhortos realizados por Rajoy desde que llegó al poder, la red de empresas, fundaciones, patronatos y organismos autónomos apenas ha disminuido. La reforma de la Administración es una tarea muy complicada que encontrará múltiples resistencias y no se puede llevar a buen fin por la vía de los consejos. Si se trata de convencer a comunidades autónomas y ayuntamientos, lo mejor hubiera sido presentar un documento base, abierto a sugerencias, y tras la negociación, el Gobierno se inspiraría en él para hacer el articulado de la ley.

Tras las elecciones autonómicas de 2011, Álvarez-Cacos, De Cospedal, Monago, etcétera, redujeron coches oficiales, cargos de confianza, teléfonos móviles, etcétera. Esa labor ya está iniciada o completada. Llevamos tres años de recortes. El Gobierno debería marcar unos objetivos generales –techo de déficit, nivel de deuda- y que cada comunidad decida la manera de lograrlos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por Rajoy, disciplinó la gestión de los ayuntamientos, con unas normas tan elementales como rígidas. Algo así hay que hacer con las administraciones central y autonómica.