Guillermo Martínez rechaza las amenazas del Gobierno central para aplicar las medidas contenidas en la reforma de la Administración. El consejero de Presidencia prefiere que el Ejecutivo de Rajoy busque la complicidad de las comunidades autónomas para acabar con las duplicidades, a la imposición de medidas concretas. Guillermo Martínez ya se había referido a la reforma de Rajoy reconociendo la buena disposición del Principado, pero advirtiendo que la vía tiene que ser la del convencimiento, renunciando al ordeno y mando, porque el Gobierno central no puede invadir la autonomía que tienen los territorios. Vuelve a tener razón el consejero de Presidencia; el camino para hacer extensiva la reforma debe ser el de la búsqueda de la complicidad y la sintonía, para lo que se necesita hablar, negociar y convencer. Cristóbal Montoro utilizó otro camino, al advertir que los gobiernos que objeten la reforma y se resistan a aplicar el recetario de Rajoy serán penalizados con la reducción del techo de déficit público.

Como el ministro de Hacienda debe estar estos días con la cabeza en otro sitio, hay que calificar su mensaje de erróneo; si no estuviera dando vueltas al inquietante destape de la Agencia Tributaria y a la fantasmagórica confusión con los números de los DNI, habría que decir que su propuesta es una suprema desfachatez. ¿Por qué deben tener más holguras fiscales los gobiernos que se desprendan de edificios públicos que lo que conserven su patrimonio? ¿El techo de déficit público se fija tras un examen objetivo, sobre la base de dar solidez a las administraciones, o es una herramienta que se utiliza de forma asimétrica para contentar a gobiernos nacionalistas o pelotilleros, y penalizar a los discrepantes?

Hace bien Guillermo Martínez en advertir al ministro de Hacienda que el Principado no se va a dejar avasallar. Amplitud mental para el acuerdo, toda la que se quiera, pero si se va por las malas, cada Administración responde de la gestión de sus competencias. El senador, Isidro Martínez Oblanca, proporcionaba ayer un dato muy revelador. El Gobierno central tiene 452 entes públicos y, hasta ahora, sólo suprimió 19. O se predica con el ejemplo o no hay nada que hacer. Si se pretende el cierre de embajadas autonómicas y la supresión de televisiones regionales, el Estado debe depurar sus propios chiringuitos.