El Parlamento asturiano colma su actividad con reuniones de comisiones y grupos de trabajo. La comisión de investigación sobre el “caso Renedo”, la comisión de investigación sobre el Niemeyer, la comisión para la reforma electoral y un grupo de trabajo para la reforma del reglamento interno de la Junta General del Principado. Si se hace una encuesta entre todos los asturianos mayores de edad no hay uno solo que coloque ese conjunto de iniciativas entre las prioridades de la región.

Los mismos diputados que malgastan su tiempo en jugar al rol de comisionados no fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer un posicionamiento unánime en defensa de la variante de Pajares, del sector naval y de las explotaciones mineras. En las comisiones y grupos de trabajo están en juego los intereses de la clase política; en las infraestructuras y en los sectores energético e industrial se decide el futuro de la región. Es evidente que a nuestros representantes les urge más anotarse tantos en la lucha partidaria que trabajar unidos por resolver los grandes problemas de nuestra tierra. La percepción del ciudadano es que los diputados viven felices (cualquier otro estado de ánimo es incompatible con tanta cara de risa) refugiados en su mundo propio, como socios de un club temático, mientras que la gente está indefensa ante el bombardeo de impactos negativos.

PRENDES Y SORANDO

Ese divorcio entre parlamentarios y ciudadanos lleva a conclusiones contundentes: el pasado lunes, un taxista gijonés me regaló una frase -“el problema de la democracia son los políticos”- que me dejó hundido en el asiento; dos semáforos más allá, bramó contra el paro juvenil y aclaró que sus dos hijas trabajan en Canadá y EE.UU. Mientras unos hablan de problemas reales, los otros inventan las prioridades de la agenda oficial.

Las expectativas sobre el esclarecimiento del escándalo de corrupción en las consejerías de Administraciones Públicas y Educación fueron interesadamente alimentadas por los promotores de la comisión. UPyD había elevado este asunto a cuestión de Estado, poniéndolo como condición inexcusable para votar la investidura de Javier Fernández. A las 24 horas de haber abierto la comisión sus trabajos ya se vio que iba a ser una lamentable pérdida de tiempo. Comparecencias breves de las personas citadas, preguntas erráticas y la sensación de asistir a una ceremonia sinsentido porque las responsabilidades políticas ya las sustanciaron los ciudadanos con su voto en dos citas electorales (mayo de 2011 y marzo de 2012). Las otras están en manos del juez Sorando.

El trabajo final del presidente-ponente, Ignacio Prendes, parece más el punto de partida que el de llegada. No descubre nada nuevo ni añade una pizca de conocimiento a lo que sabe cualquier lector de periódicos. Ahora estamos en la fase del forcejeo entre los miembros de la comisión por echarle la culpa del escándalo a tal o cual político. El resultado de todo este malentendido va a ser la degradación del Parlamento por inventarse compromisos que le desbordan y dar una explicación impostada y falsa.

VOTO ELECTRÓNICO

La comisión de la reforma electoral es otra de las exigencias arrancadas en la sesión de investidura por UPyD a Javier Fernández. Al partido “rosa” le preocupa la existencia de tres circunscripciones electorales y la sesgada correspondencia entre votos recibidos y escaños asignados. Hasta ahora la discusión de los comisionados no entra en estos asuntos y camina por la senda que le interesa al Partido Socialista: el crecimiento del voto emigrante. Para animar a participar a los que nacieron en Buenos Aires y nunca estuvieron en Asturias ni pagaron un céntimo de sus impuestos en esta tierra la comisión va otorgarles la posibilidad del sufragio electrónico. Usted y yo no podremos recurrir al correo electrónico para votar, pero si se trata de un argentino que tuvo un abuelo asturiano, aunque viva pendiente de las andanzas de Cristina Kirchner, hay que darle trato de favor para que escoja a los diputados que representan a los que vivimos, trabajamos, consumimos y pagamos impuestos en Asturias. Si todo sale tal como está diseñado por el “think-tank” socialista, el llamado voto de la emigración superará al voto de Avilés, y será decisivo para dirimir la mayoría parlamentaria. La energía puesta por el Principado para establecer lazos con las colonias de emigrantes y de neoemigrantes va en esa dirección.

¿Y qué decir de la comisión de investigación sobre el Niemeyer o del grupo de trabajo sobre el reglamento de la Junta General del Principado? Ambas iniciativas están en sus primeros pasos, pero están tan alejadas de los intereses de la gente como las dos anteriormente comentadas.

Los problemas de los asturianos y que afectan al desarrollo de la región (paro, sectores productivos en crisis, variante de Pajares, autovía del Cantábrico, Puertos, Universidad, Zalia, Sogepsa, Gijón al Norte) no le merecen a la Junta General del Principado ni la décima parte del tiempo que dedica a debatir sobre María Jesús Otero o el voto de los neoemigrantes. Se está perdiendo toda la legislatura por seguir el guión pactado entre el Gobierno y un grupo parlamentario que sólo tiene un diputado. No estamos ante un extravío inocente, porque mientras se discute retóricamente de los asuntos que resuelve el juez Sorando en tiempo real se oculta el retraso del plan de empleo o el rotundo fracaso en la gestión de las infraestructuras que construye el Principado.