El Gobierno de Extremadura hizo un estudio para conocer el impacto que tendría sobre el modelo de financiación autonómica la introducción del “principio de ordinalidad” recogido en la propuesta federal del PSOE. Según el citado principio, el reparto de los fondos de solidaridad interterritorial no puede originar que una región supere a otras más ricas en financiación por habitante. La jerarquía de la riqueza regional debe mantenerse, aunque disminuya la diferencia de recursos entre unas y otras. Se reconoce el derecho a mejorar la financiación de los servicios públicos de los territorios atrasados, pero no hasta el punto de superar a los más desarrollados. Según el trabajo realizado por el Ejecutivo de Monago, si se introduce el principio de ordinalidad Asturias perdería cerca de 400 millones al año. Una rebaja de ese tenor trastocaría por completo las bases sobre las que se asienta el presupuesto del Principado.
Guillermo Martínez ha descalificado el estudio de Extremadura, al considerar que no recoge la alternativa aprobada por la dirección del PSOE; según el consejero de Presidencia, la propuesta socialista sólo supondría pequeñas variaciones sobre lo que reciben, en la actualidad, Cataluña y La Rioja. ¿Qué decir de tan dispar valoración?
Los argumentos con números sólo se pueden replicar con cifras. Si alguien dice que un territorio pierde 400 millones hay que contradecirle con datos. No meto la mano en el fuego por las cuentas que aporta la Junta de Extremadura, pero es muy poco creíble decir que todo seguirá igual, salvo mínimas oscilaciones en Cataluña y La Rioja. Introducir la cuestión de la ordinalidad fue una reivindicación histórica del nacionalismo catalán que se plasmó en el “Estatut”. No habrían luchado las huestes de Pujol y Mas por lograr un objetivo que apenas les reporta mejora. Tampoco habría contado Rubalcaba con el apoyo de los socialistas catalanes por un ligero incremento de dinero. De las dos premisas anteriores se deduce que Cataluña tendrá una mejora sustancial de recursos con el sistema de Rubalcaba. Como el Gobierno central ha dicho que no aportará más dinero al modelo de financiación autonómica, el beneficio catalán tiene que ser compensado con la pérdida de otras regiones. Ahora tienen que aclarar los inventores del sistema quiénes son los perdedores y qué saldo les quedará.