El Gobierno aplaza, una vez más, la aprobación del proyecto de Reforma Local. Pese a contar con mayoría absoluta y tener claras las ideas, el Ejecutivo no es capaz de convertir el borrador en proyecto. Hace seis meses que filtró las líneas maestras de la reforma a los medios dejando estupefactos a propios y extraños, porque se apropió de un concepto de la contabilidad analítica (coste estándar) y lo utilizó de cataplasma para solucionar todos los males de los ayuntamientos. Con ese bagaje inició la negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sin lograr llegar a buen puerto. Posteriormente volvió a las andadas y la FEMP se dividió entre los representantes del PP y los demás. La izquierda pidió una asamblea de los 8.115 alcaldes para fijar postura, cosa que no aceptaron los regidores populares, pese a ser mayoría. Los representantes de la izquierda rechazaron la propuesta y los regidores del PP optaron por la vía de las enmiendas para descafeinar los aspectos más duros de la reforma. Estábamos en estas cuando dejó oír su voz el Consejo de Estado, con un informe no vinculante, pero moralmente condicionante.

El principal órgano de asesoramiento al Gobierno lanzó un misil contra la pieza maestra de la reforma: el coste estándar. Para el Consejo de Estado que el coste de prestación del servicio de recogida de basuras o del suministro del agua de un ayuntamiento concreto sea superior al coste de referencia fijado por el Gobierno no da pie para quitarle la competencia municipal y traspasarla a la Diputación. De proceder así quedaría en cuestión el principio de la autonomía municipal, así que estaríamos en presencia de una norma anticonstitucional. El Consejo de Estado considera que al no ser elegidos directamente por los ciudadanos los órganos de gobierno de las diputaciones no resultan idóneos para sustituir a las corporaciones municipales, de modo que su papel debe ser asistencial, de apoyo, no de asunción de competencias. También considera en su informe que no se pueden tratar todos los servicios por el mismo rasero, que una cosa es la Policía municipal y otra el servicio de actas.

Tras el varapalo del informe, el Gobierno prolonga la reflexión y no se decide pasar a limpio el borrador de la reforma. No se atrevió a suprimir ayuntamientos y ahora no cuela el truco de trasladarlos al Museo de Cera.