Fernando Lastra afirma que está de acuerdo con el dictamen de la comisión que estudia la reforma electoral, pero que no lo apoyará en el pleno de la Junta General del Principado si sólo cuenta con el visto bueno del Gobierno regional y sus aliados (IU, UPyD). Por su parte, Ángel González recuerda al PSOE que el Ejecutivo asturiano no puede sacar adelante los presupuestos ni las leyes sin el respaldo de IU, de modo que cualquier vuelta atrás sobre la reforma electoral implicaría que el principal socio del Principado retiraría su apoyo a las cuentas anuales y a los proyectos de ley. UPyD, confundiendo interés de partido con interés general, asegura que 23 escaños es una mayoría suficiente, cuando debería decir que es la única mayoría en la que UPyD alcanza protagonismo.
En política hay muchas actuaciones que son legítimas, siendo moral o socialmente rechazables. Ahí tenemos el caso del Ayuntamiento de Gijón, donde un disenso sobre la competencia para conceder subvenciones puede dar pie a una moción de censura contra la alcaldesa Carmen Moriyón a través de una alianza con socios tan heterogéneos como el PSOE y el PP, que chocaron durante treinta años en el Ayuntamiento en los más variados asuntos, con acusaciones de corrupción por parte del PP hacia los socialistas. De repente, el más crudo antagonismo se convierte en hermandad para derribar a una alcaldesa que pactó con el PP los dos presupuestos de esta legislatura. ¿Es legal la propuesta? Sin duda, pero no menos cierto es que se trata de un comportamiento moral y socialmente reprobable.
Es legal que IU presione al Gobierno de Javier Fernández con dejarle sin presupuestos si no apoya la reforma electoral, pero no es moral ni socialmente aceptable. El sentido común dicta que es una insensatez cambiar de sistema electoral por un solo escaño. Todo lo que tiene que ver con elecciones debe estar apoyado por una gran mayoría parlamentaria. La forma de cristalizar la voluntad popular en escaños no puede modificarse en cada legislatura según coyunturales mayorías parlamentarias sino que debe ser fruto de un consenso estable. Si la normativa electoral se rebaja a programa de gobierno la estabilidad institucional y la democracia nos duran dos telediarios. La postura de Lastra es un ejemplo de responsabilidad, veremos si la mantiene el grupo socialista o si cede ante sus aliados.