En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cristóbal Montoro adelantó alguna de las ideas que baraja el Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica. En el Ministerio de Hacienda ven el cambio de la financiación ligado a la reforma fiscal. Sobre esta última sabemos muy poco, ya que más allá de actualizar el Impuesto sobre Sociedades (la recaudación de este impuesto cayó en picado en los últimos cuatro años y lleva camino de convertirse en un tributo testimonial si no se depuran gran parte de las deducciones que impuso CiU a los sucesivos gobiernos centrales que necesitaban los escaños catalanistas para aprobar los presupuestos del Estado) y simplificar los tramos del IRPF, el resto es una incógnita.

La filosofía con la que trabaja el Gobierno consiste en transferir hechos imponibles (el consumo, las rentas personales, los costes medioambientales) del Estado a las comunidades para que tengan absoluta soberanía sobre ellos, pudiendo subir o bajar los gravámenes a su antojo. Luego, al abordar la revisión del modelo de financiación autonómica algunos de los fondos de solidaridad interterritorial se suprimirían o quedaría rebajada su cuantía porque las regiones ya gestionarían una masa fiscal de recursos superior a la actual. La revisión del modelo de financiación autonómica llegaría envuelta en el discurso del avance en la autonomía fiscal de los territorios, una música muy agradable para los que se pasan todo el día hablando del autogobierno. A falta de conocer un mínimo de datos concretos, todo indica que el cambio favorecerá a las regiones ricas, que no tendrán que aportar tanto a los fondos de solidaridad, y perjudicará a las pobres, como Asturias, que recibirá menos dinero. El truco de esta operación estriba en que la solidaridad hasta ahora consistía en compensar la escasa recaudación por IRPF o IVA de Asturias o Extremadura, con la fuerte recaudación de Madrid o Cataluña, mientras que si esos impuestos se transfieren íntegramente a las regiones, cada territorio responderá casi enteramente por sus ingresos y gastos, sin apenas mecanismos de compensación. El Estado perdería capacidad de redistribución.

Desde una perspectiva nacional me parece un cambio peligroso y para regiones, como Asturias, el anuncio de una pérdida de calidad en los servicios públicos.