Tras sufrir Asturias el primer revolcón con el reparto del déficit público entre regiones, ya se anuncia la segunda batalla sobre la distribución de recursos entre comunidades autónomas a cuenta de la reforma del sistema de financiación. Los gobiernos que ganaron la primera contienda (Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía) piden abrir ya la negociación sobre el modelo de financiación, sin encontrar ni el más pequeño obstáculo en el camino. Es más, hay territorios perjudicados por la asignación de las cuotas de déficit, como Madrid, que se suman a la petición de una reforma profunda del sistema de financiación autonómica.

El Ministerio de Hacienda tiene ya una idea clara sobre el futuro sistema que debe salir de la negociación: reducir los fondos de solidaridad interterritorial para aplacar las quejas de valencianos o baleares y calmar las ansias independentistas de los catalanes. No lo ha manifestado así el ministro, pero ha anunciado los primeros pasos que dará y van en esa dirección. Sobre este asunto conviene aclarar que los gobiernos hacen visibles sus estrategias pero mantienen oculto el objetivo final de sus planes.

     PREMIO Y CASTIGO  

En el primer trimestre de 2014 prevé la aprobación de la reforma fiscal y durante el ejercicio quedará cerrado el nuevo sistema de financiación. Dos asuntos relacionados. Se harán retoques en los impuestos y luego se cederán algunos de ellos a las comunidades autónomas. Según explicó Cristóbal Montoro, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Hacienda quiere dar más autonomía fiscal a las regiones para que puedan hacer lo que estimen oportuno con los tributos y, a cambio, aumenta su responsabilidad sobre los gastos. En definitiva, cada órgano de gobierno regional será más autónomo en la gestión de impuestos y gastos. ¿Quiénes salen beneficiados y perjudicados con esa filosofía? No hay duda: premio para los territorios ricos y castigo a los pobres.

Olvidémonos de banderas, himnos, historias y soflamas indentitarias; traslademos esa misma filosofía a la sociedad. ¿A qué grupo social beneficiaría y a cuál perjudicaría que el Gobierno cargara la responsabilidad del consumo en sanidad, educación y servicios sociales sobre las economías familiares? Tampoco hay duda: sería una excelente noticia para los acaudalados y un pésimo anuncio para mileuristas, submileuristas, jubilados y desempleados.

El puerto de destino está decidido, ahora tratarán de hacer la travesía. Asturias sería una de las regiones más perjudicadas porque quedaron bien reconocidas sus especificidades en el actual modelo de financiación (en aquella época, Areces y Rabanal negociaron nuestros intereses) y tiene mucho que perder. En la ultima Conferencia de Presidentes, Javier Fernández polemizó largamente con Griñán sobre la oportunidad de reformar o revisar el modelo de financiación, acordándose respetar las pautas marcadas: cada cinco años se revisa (toca en 2014) y tras la oportuna valoración se acuerda introducir reformas o mantenerlo.

Desde entonces ha llovido mucho y la necesidad de reformarlo no se discute. En esencia han pasado dos cosas: algunas regiones como Valencia, Murcia o Baleares tienen sus economías maltrechas, y las instituciones catalanas han avanzado en el abandono de la vía autonomista para abrazar la causa soberanista. El plan de Montoro responde a ese juego de fuerzas.

      ESTADO PROTECTOR

En la política diaria sólo se oyen las quejas de los territorios ricos, como la famosa fatiga fiscal de los catalanes. En frente no hay otro discurso. Ningún presidente autonómico sale a la palestra para decir que los catalanes se llevarán más de 20.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (un fondo hecho a su medida) en los ejercicios de 2012 y 2013. Merece la pena detenerse un momento para observar que durante toda la etapa autonómica la defensa de las regiones pobres la realizó el Estado, frente a las reivindicaciones de los nacionalistas ricos. Desde que llegó Zapatero al poder, el Estado enmudeció en la defensa de la cohesión regional y los catalanes impusieron su doctrina. Para que no haya dudas: Rajoy es tan mudo como Zapatero.

La pasividad del Estado no ha sido compensada con un discurso alternativo de las regiones desfavorecidas. Si exceptuamos algunas manifestaciones de Monago, presidente de Extremadura, los otros líderes autonómicos callan o hablan para el cuello de su camisa. Por extraño que parezca se sabe lo que pretenden los ricos, pero se ignora lo que quieren los pobres. Más allá de una genérica defensa del statu quo, nadie conoce las reivindicaciones concretas de asturianos, castellanos, manchegos, cántabros, riojanos o canarios.

El reparto del déficit va a ocasionar algún perjuicio a Asturias, porque dispondrá de menos dinero para gastar e invertir, pero también le aportará el beneficio de sanear las cuentas y poner coto al endeudamiento. Sin embargo, la reforma del modelo de financiación autonómica, con las premisas avanzadas por Cristóbal Montoro, será un duro golpe para nuestra región que quedará empobrecida por el BOE.

Necesitamos saber qué planes tiene Javier Fernández para evitar este segundo revolcón. No caben excusas ni puede cargar la culpa sobre Angela Merkel. Por cierto, serían dos revolcones en un mandato de tres años.