En su veraneo asturiano, Rubalcaba alterna las jornadas de asueto con el trabajo político. Ayer tocó actividad pública dejando el bullicio de las playas del Oriente por un viaje al lejano Suroccidente, donde contactó con ganaderos de Somiedo. Desde allí tuvo tiempo a reflexionar sobre la reforma de los ayuntamientos y la revisión del modelo de financiación autonómica. Del primero de los dos asuntos le preocupa el porvenir de los municipios pequeños (la inmensa mayoría), porque perderán capacidad de gestión y autonomía para decidir. Según el líder de la oposición, Rajoy va a perjudicar la actividad y vida de los pueblos, privándoles de colegios, centros de salud y servicios sociales. Es probable que los ayuntamientos pequeños sean los grandes perdedores con la reforma local que lidera el Gobierno, no obstante hay que entrar en matices.

Una cosa es que la gestión de los servicios pase de manos municipales a entes superiores y otra muy distinta que no vaya a haber equipamientos educativos, sanitarios y sociales en esos pueblos. Se puede seguir dando esos servicios a un coste más reducido al quedar subsumidos en una unidad más grande. En otros casos es probable que se cierren equipamientos, como también se hubieran clausurado si las mancomunidades hubieran adquirido un desarrollo más intenso centralizando servicios. No es recibo mantener recursos infrautilizados y arruinados. Por otra parte, el Gobierno renunció a su idea inicial de fijar unos costes estándar de carácter general por servicio para los 8.115 ayuntamientos que era la gran amenaza para la existencia de los municipios despoblados.

Sobre la financiación autonómica, Rubalcaba se siente orgulloso de haber formado parte de un Gobierno que supo ponderar las características de la geografía humana asturiana (envejecida, dispersa y con una orografía adversa) y dejarlas recogidas en el modelo vigente de financiación. Esa incontestable realidad no es ninguna garantía para el futuro. El secretario general del PSOE tendrá que mantenerse equidistante entre las prioridades del Gobierno andaluz, refractario a valorar el envejecimiento y la dispersión de la población (al contrario, quiere ponderar la gran población infantil existente en Andalucía), y las preferencias del Principado. Los líderes nacionales tendrán que tener un discurso en cada región.