El Principado y los ayuntamientos estudian la cuantificación de las llamadas “competencias impropias” (nombre que reciben las prestaciones públicas que gestionan y financian los ayuntamientos aunque su titularidad corresponde a las administraciones autonómica y central). Me parece un trabajo necesario y resulta asombroso que no se haya realizado antes. La mayor parte de los ayuntamientos en España están en ruina económica al no poder contar con la otrora gran fuente de ingresos del sector de la construcción. En una situación desesperada, los alcaldes pusieron el acento en la injusticia que supone hacer frente a las demandas de servicios sociales o seguridad, mientras el Principado y la Administración central se lavaban las manos, pese a ser materia de su competencia. De una manera global se cifró en el 30% el gasto de los ayuntamientos dedicado a financiar prestaciones que no son de titularidad municipal.

Ante esta situación el Principado no dijo ni una palabra, dando la callada por respuesta. En su día, Zapatero prometió separar por ley las competencias que corresponden a cada Administración, pero el anuncio quedó en nada. Tuvo que llegar la reforma local de Rajoy poniendo plazo de caducidad al sinsentido de las competencias impropias para que la comunidad autónoma asturiana y sus ayuntamientos se pusieran a negociar sobre un tema del que nunca fueron capaces de hablar. La reforma contempla plazos tasados para que las competencias sobre servicios sociales, educación y sanidad reviertan a la comunidad autónoma. Va a ser una tarea muy complicada, porque el Principado carece de medios para hacer frente a la gestión que está diseminada entre 78 municipios. En sanidad y educación no es un problema grave ya que los ayuntamientos apenas gestionan recursos, pero en los servicios sociales ocurre todo lo contrario, al estar muy municipalizados.

Por cierto, nunca estuvo tan descompensada la financiación de los servicios sociales en Asturias como en la actualidad. El Estado, con la sacrosanta política rebajar el déficit público, abandonó algunas prestaciones que costeaba, como la teleasistencia para octogenarios. En cuanto al Principado, la falta de cobertura es escandalosa. Ayuntamientos, como el de Gijón, pagan dos terceras partes del gasto social del municipio ante la inhibición del Gobierno regional.