El Principado tiene definidas las líneas maestras de los presupuestos de 2014. Se pretende extremar el control sobre las partidas de gasto, de modo que toda subvención debe estar muy bien justificada, y reducir gasto corriente en el sector público. No habrá aumento de plantilla y las inversiones serán de mantenimiento de infraestructuras o para acabar obras ya empezadas. Según el Principado el presupuesto debe cumplir un triple objetivo: reducir el déficit, dar unos servicios públicos de calidad a los asturianos y reactivar la economía para mitigar la lacra del desempleo.

Los gobiernos autonómicos –y todos los gobiernos- tienen un margen muy estrecho de actuación. Caen los ingresos fiscales, las demandas sanitarias presionan al alza el gasto en hospitales y centros de salud, los servicios sociales están desbordados y apenas hay financiación más allá del que procura el Estado por la vía del Fondo de Liquidez Autonómica. El recurso de subir los tributos ya está prácticamente agotado y la deuda genera por sí misma un capítulo entero de gasto, a través de los intereses. Para colmo, las plantillas de empleados públicos engordaron en tiempos de bonanza, y aunque no se repongan las bajas por jubilación, siguen siendo muy amplias para los ingresos que proporcionan los impuestos. Ni el Principado ni la Generalitat ni la Junta de Andalucía disponen de alternativas de repuesto. El objetivo de reducir el déficit público es una norma para todos los países con dificultades de financiación en los mercados, así que es una pauta obligada.

El Gobierno regional es diligente en el ajuste fiscal, pero puede hacer las cosas mucho mejor en los servicios públicos y, hasta la fecha, sólo ha relanzado la actividad económica en los discursos. De las premisas en que se va a basar el presupuesto cabe deducir que en el 2014 la inversión del Principado seguirá bajo mínimos, lo que es una noticia muy mala para el empleo. El Gobierno de Javier Fernández tiene una vía para financiar la inversión productiva que consiste en retirar el dinero de un sector público ineficiente y caro para desarrollar infraestructuras que gocen de demanda y posibiliten el progreso. Su plan de reforma del sector público, en tres fases, es más aparente que real y apenas permitirá ahorrar. De estas cosas debería discutir el Parlamento cuando los diputados despierten de la siesta.