Los socios de Javier Fernández no quieren perder tiempo y se han puesto a trabajar en el borrador de la reforma de la Ley Electoral. IU y UPyD han unido sus fuerzas para sacar adelante un objetivo que favorece a las dos formaciones minoritarias y perjudica a los partidos mayoritarios. Es altamente significativo que no hayan invitado al grupo socialista a discutir sobre el borrador, optando por ponerlo ante hechos consumados. La iniciativa conjunta supone un reto en toda regla al presidente del Principado que había llamado a sus dos aliados a apoyar los presupuestos de 2014. La reforma electoral y negociación presupuestaria quedan estrechamente vinculadas: si Javier Fernández quiere aprobar los presupuestos tendrá que cambiar el sistema electoral, aumentado la proporcionalidad en el reparto de escaños; en caso contrario, no contará con los 23 votos que le aseguran la mayoría en la Cámara para aprobar las cuentas del próximo año.

Aparentemente, el presidente del Principado está en un callejón sin salida, debiendo escoger entre dos males: la prórroga del actual presupuesto o la aprobación de un sistema electoral que penaliza al PSOE. Tomando como referencia los resultados obtenidos en los últimos comicios autonómicos (25 de marzo de 2012), con el cambio de sistema electoral que acentúa la proporcionalidad, el PSOE perdería dos escaños. ¿Aprobar los presupuestos de 2014 a cambio de perder dos diputados en las elecciones de 2015 es una operación rentable?

A esta situación se ha llegado por la conjunción de dos razones, la imposición de los aliados y la errónea actuación en la comisión que estudiaba la reforma electoral. Sobre la primera de las razones merece la pena hacer un día un comentario más extenso porque es una novedad de la actual legislatura. Los socialistas habían gobernado en dos mandatos con mayoría absoluta y en otros cuatro con mayoría relativa, pero en todas las legislaturas habían marcado la agenda política. Nunca se habían dejado arrastrar por la corriente. La segunda razón resulta inexplicable, porque si a los socialistas les interesa mantener el actual sistema de asignación de escaños, no tiene sentido cerrar los trabajos de la comisión con un dictamen proclive al cambio y respaldado por los votos de PSOE, IU y UPyD. En política, las rectificaciones tardías siempre llevan aparejado un fuerte coste.