El curso político se abre con el rechazo de los aliados del Gobierno a la oferta de Javier Fernández de negociar y aprobar los presupuestos de 2014. IU y UPyD no aceptan apoyar las cuentas si los socialistas se desentienden de la reforma electoral. Los socios del Ejecutivo proponen la permuta de cromos: tú das luz verde al cambio del sistema electoral y yo te cedo los escaños necesarios para que salgan adelante los presupuestos.
Desde el año 2003, en que los socialistas perdieron la mayoría absoluta, los últimos meses del año estuvieron siempre dominados por la incertidumbre sobre la aprobación de los presupuestos. PSOE e IU, miembros de los distintos gobiernos de coalición, se entregaban a una larguísima negociación, con picos de tensión, pero sin llegar a romper la cuerda. El borrador de las cuentas de Areces llegaba modificado a la Junta General del Principado, con el gasto en los servicios públicos incrementado, siendo el aumento especialmente acusado en los departamentos de Bienestar Social y Vivienda, que gestionaba IU. Se podrá discutir si aquel ceremonial era la mejor opción, pero en cualquier caso la discusión giraba sobre asuntos de relevancia para los ciudadanos, como el salario social, la sanidad, la vivienda, la educación o las inversiones en obra pública.
En la actual legislatura la agenda política ha dado un cambio radical que va a influir en la negociación presupuestaria. En los prolegómenos de la sesión de investidura se produjo la alteración, con el pacto de legislatura del Gobierno con UPyD, donde el diputado del partido rosa se comprometía a apoyar al Ejecutivo socialista, siempre y cuando se abriera una comisión de investigación parlamentaria sobre el “caso Renedo”, se reformara la ley electoral y se fusionaran ayuntamientos. Si en aquel momento se hubiese hecho una encuesta entre los asturianos, no creo que hubiese ni un cinco por ciento que hubiese colocado algunas de las tres cuestiones entre las prioridades de la región.
Por su parte, IU trató de mantener la relación con el Gobierno socialista en los mismos términos que en legislaturas pasadas, pero con la diferencia de no formar parte del Ejecutivo.
Los originales compromisos de la sesión de investidura dieron paso a una situación novedosa que trajo consecuencias perniciosas para la sociedad, aunque el Ejecutivo socialista sacó beneficio. Y de qué manera. La agenda del mandato está marcada por los acuerdos citados, quedando en segundo término los asuntos más importante para Asturias. El primer síntoma de que las cosas en esta legislatura tomaban un curso extraño ocurrió a los cuatro meses de mandato, al declararse la huelga de médicos. No voy a insistir en las evidentes responsabilidades de la Consejería de Sanidad en aquel conflicto (sin que esto exima a los galenos de las suyas), sino en el contraste que hubo entre el malestar de la sociedad y la silenciosa respuesta del tripartito. Los aliados del Gobierno se mostraron indiferentes a una huelga de varios meses en un servicio esencial, concentrados como estaban en dar apoyo al Ejecutivo en las fútiles trifulcas parlamentarias.
Este mismo proceder se repitió ante los grandes problemas de la región. Pese a que el desempleo se situó en máximos históricos (en la EPA del 31 de marzo se llegó al récord de los 122.700 parados), IU y UPyD no dijeron ni una palabra. Después de saltar el debate a los medios de comunicación, ya avanzado el mes de mayo, empezaron a realizar comedidas críticas al Principado sobre el inexplicable retraso en la aplicación de medidas paliativas. Al final, con un plan de empleo de reducidas dimensiones, el Gobierno regional ha cubierto el expediente. Lo mismo cabe decir del capítulo de inversiones, que tiene la menor cobertura presupuestaria de la última década, y contó con el apoyo de los dos partidos aliados.
La crisis de los servicios sociales, reflejada en el bloqueo del salario social, sólo cosechó la protesta de los ayuntamientos, sin que IU y UPyD forzaran al Ejecutivo a solucionar tan lacerante problema. ¿Por qué la insuficiente respuesta de los planes de empleo, la mínima cobertura dada a las inversiones productivas y el stop al salario social no supusieron la quiebra de la mayoría parlamentaria? Por una razón muy simple: los aliados de Javier Fernández dedicaron todas sus energías a la comisión parlamentaria que estudiaba el “caso Renedo” y a la comisión de estudio sobre la reforma electoral. La sociedad ve cómo sus principales inquietudes quedan relegadas y el presidente recibe un balón de oxígeno inesperado.
Para UPyD era mucho más prioritario censurar a Areces y cambiar el modelo electoral que rescatar del paro a desempleados de larga duración, invertir en obra pública o pagar el salario social. Estamos ante un mandato atípico, donde los intereses particulares de una ínfima minoría se anteponen a los de la sociedad, permitiendo a Javier Fernández imponer un estilo de gobierno de bajo perfil, sin sufrir coste político.
El primer problema surge ahora, cuando IU y UPyD quieren reformar la norma electoral y el Principado disiente. El enfrentamiento puede dar paso a la prórroga presupuestaria y la paralización institucional, porque por primera vez en el mandato los minoritarios se quedan en minoría.