El Principado ya ha conseguido dinero para financiar el déficit que espera para finales de año. 216 millones de euros se los dará Rajoy, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y el resto, 103 millones, provendrán de tres bancos. Nunca hubo dudas de que el Gobierno regional se acogería a esa fórmula mixta, de recursos públicos y privados, pero el Ejecutivo asturiano optó un año más por despistar al personal, dando largas al Estado, como si tuviese alguna posibilidad de sobrevivir sin picar a sus puertas. Tampoco puede prescindir de los bancos. Ni el Gobierno central le concede toda la financiación que quisiera ni los bancos están dispuestos a darle todo el crédito necesario.
Por su situación económica, las comunidades autónomas se dividen en dos grupos: las que van muy mal y las que están fatal. Asturias pertenece al primero. En vista de tan negro panorama, el Gobierno central creó hace un año el Fondo de Liquidez Autonómica para evitar la muerte por ahogamiento de los territorios autonómicos, debiendo acudir, en los casos extremos, como el de Cataluña, a la respiración boca a boca: 11.139 millones de euros en dos ejercicios. En vez de reconocer esta realidad, los presidentes autonómicos disimulan, jugando el rol del rico arruinado, que aún conserva la mansión y los muebles, pero no puede afrontar los pagos pendientes y teme perder el patrimonio.
En Asturias conocemos bien esta situación, porque la ficción es un hábito cotidiano. Se confecciona un presupuesto optimista, que no se sostiene con una previsión realista de los ingresos. Ya sé que para 2013 se bajó la cuantía del gasto hasta los 3.800 millones, pero es un descenso insuficiente. Lo conocían PSOE, IU y UPyD, aunque lo aprobaron. Se pasa, luego, a la fase de no gastar lo que está comprometido. En esa obligada forma de gestionar a contracorriente tiene un lugar destacado el famoso “gasto desplazado”, que consiste en guardar facturas en el cajón en espera de tiempos mejores.
MIEDO
Durante todo el ejercicio, y en especial en el segundo semestre, en la Consejería de Hacienda y en Presidencia hay un miedo irrefrenable a no tener liquidez para pagar las nóminas de los empleados. Si un día se diera esa situación tendría los efectos devastadores de una moción de censura. Para no mentar la bicha, el discurso oficial recurre al eufemismo, hablando en genérico de “tensiones de tesorería”. En el Principado, esa situación se vive desde el año 2010, y condiciona el grado de ejecución presupuestaria. La quita de la paga extra de Navidad de los funcionarios, realizada primero por Zapatero y, luego, por Rajoy, fue recibida con muestras de alivio por parte de los presidentes autonómicos.
Descrita la situación objetiva en que se mueven las cuentas, depende de la personalidad de los presidentes, de su capacidad de asumir riegos o de su tendencia al conservadurismo, la manera de gestionarla. Álvarez Areces, con su proverbial fama de político valiente y echado p´alante, recibió un susto importante y tuvo que echar mano de un recurso imprevisto. No creo que a Javier Fernández le guste caminar por el alambre.
Debido a todo lo anterior, en Asturias se administra el salario social con cuentagotas, y los beneficiarios tienen que esperar dieciocho meses para cobrar, y los planes de empleo se ralentizan, pese a la desesperación de las familias con todos sus miembros en paro, y la inversión productiva se posterga para desdicha de trabajadores y empresarios.
La problemática de la escasez de recursos se sufrió en los últimos ejercicios de Areces, en los diez meses del Gobierno de Cascos, y en la actualidad. Pero con Javier Fernández hay una diferencia, que los vacíos de su gestión, la inactividad que domina el lánguido discurrir de su Ejecutivo, están amortiguados por una arquitectura de pactos políticos y sociales que conforman el statu quo asturiano.
BLINDAJE
El acuerdo presupuestario, con IU y UPyD, y el pacto social con la patronal y los sindicatos, blindan al Principado de las críticas. Puede el presidente extenderse en pláticas sobre la normalidad institucional, mientras tiene cerrado el grifo para la creación de empleo y las prestaciones sociales, que son las teóricas prioridades de su mandato. Los aliados se pasaron dieciséis meses mirando para otro lado y las centrales sindicales guardan silencio ante situaciones lacerantes. Ahora parece que IU reacciona.
A finales de 2011, Cascos presentó un proyecto presupuestario que destinaba 726 millones a la inversión, casi el 17% del total de las cuentas. Recuerdo la unanimidad en el rechazo: PSOE, PP, IU, CCOO, UGT y patronal juzgaron harto insuficiente la cantidad propuesta. Un año más tarde, Javier Fernández sacó adelante unos presupuestos que dedicaban 364 millones a inversión, con el apoyo de IU y UPyD, y el respaldo de los agentes sociales. Nueve meses más tarde sigue pendiente de ejecución, entre el silencio de aliados y allegados.
A todo problema se le pone sordina. Si hay un conflicto industrial grave en Asturias es el cierre de la factoría de Tenneco, en Gijón. 230 trabajadores van a la calle en una planta que dio 600.000 euros de beneficio en el primer trimestre. El presidente no se vio con los directivos de la empresa ni con los trabajadores y el consejero de Economía, tras dos reuniones con los ejecutivos y un breve contacto con el comité de empresa, no levantó la voz. Ni una declaración contundente por parte del Principado. Que nada empañe la normalización de la escena regional.