Una vez que la dirección socialista regional (FSA) constató que no puede retener la Alcaldía de Cudillero, se lanzó a proponer soluciones para salir de la crisis institucional que creó su propio grupo municipal en el Ayuntamiento pixueto. Un partido que goza de holgada mayoría en el Consistorio ve como todos sus concejales quedan inhabilitados por los tribunales para ser investidos como alcaldes. Un caso único en España, país donde hay 8.115 ayuntamientos.
La FSA hizo la vista gorda ante todas las irregularidades que cometían sus compañeros en Cudillero. Los principales dirigentes del partido se desplazaron hasta la citada villa para avalar el ceremonial de la toma de posesión de alcaldes tan heterodoxos, como Ignacio Fernández, que no había sido incluido en la lista electoral, o para jalear la llegada a la poltrona de Luis Fernández Garay, pese a haber sido rechazado quince días ante por el Tribunal Constitucional. Podían ser alcaldes asentados en el voto mayoritario de los ciudadanos, o concejales anónimos, acomodados en los puestos de relleno en la lista, o simples ciudadanos ajenos al Consistorio; todas las alternativas valían para ocupar la poltrona del regidor. La única preocupación de la FSA era retener el poder, lo que menos importaba era la idoneidad de la persona elegida para ejercerlo.
Ninguna duda sobre la representatividad del nuevo alcalde, con tal de que tenga la confianza del partido que se concreta en el visto bueno del jefe territorial. Ese era el gran mérito de Ignacio Fernández y de Luis Fernández Garay, y la lamentable carencia de los concejales que tuvieron que entregar el acta de edil o presentar su renuncia a acceder a la Alcaldía.
GESTORA
La FSA ha pedido que en Cudillero se instaure una gestora, medida que va a demandar al Principado, y que se adelanten las elecciones municipales. Sobre el papel hay tres soluciones para atajar el problema de la gobernabilidad municipal: acuerdo entre los partidos, formación de gestora, celebración de elecciones. De las tres posibilidades, la FSA se inclina por una solución mixta, gestora-comicios, y rechaza el acuerdo entre partidos para gobernar el Ayuntamiento. ¿Por qué descarta esta salida? Por la misma razón que le valía cualquier concejal para el puesto de alcalde, si era de completa confianza. Más claro: lo único importante en Cudillero, el único bien a proteger, no es la eficacia en la gestión ni la representatividad de los cargos municipales ni la transparencia municipal. La clave está en empuñar el bastón de mando y guardar con gran celo los insondables secretos del Ayuntamiento, tras más de veinte años de poder absoluto. En ese punto hay una total coincidencia entre la FSA, liderada por Javier Fernández, y la dirección socialista de Cudillero, encabezada por Francisco González.
La FSA cubrió con manto de silencio el modelo de gestión de los socialistas pixuetos, consistente en prorrogar indefinidamente el presupuesto municipal (la última aprobación de un presupuesto fue en el año 2008). El estilo de “normalidad democrática” que preconiza el presidente del Principado no le hace ascos a la particular manera de llevar los asuntos municipales de sus compañeros pixuetos, que no tienen ni un inventario de bienes y derechos, de los que sea titular el Ayuntamiento, ni una relación de puestos de trabajo en el Consistorio. A la FSA no le extraña que un municipio de 5.000 habitantes tenga 121 empleados municipales, y lo que es mucho más fuerte: que de ese abultado colectivo sólo el 12% sean funcionarios. ¿Puede mostrarnos la FSA otro caso semejante en Asturias? En ningún otro sitio, como en Cudillero, retener el poder significa ocultar.
COMICIOS Y PACTO
Nombrar una gestora al frente del Ayuntamiento supone evitar un pleno de la Corporación en que se debata la investidura como alcalde de un concejal de otro partido. En Cudillero no se dan las condiciones para formalizar una comisión gestora (las bajas de concejales no superan el 50% de los miembros del pleno). La gestora está pensada para otro tipo de emergencias. Si se pretexta la falta de cumplimiento de obligaciones constitucionales y se impone una gestora, el problema se agrandaría, porque los miembros de la misma son nombrados por el Principado, con lo que se crearía una situación política irrespirable.
La convocatoria electoral anticipada tiene el atractivo del poder emanado de las urnas, como fuente vivificadora para una situación degradada, pero tiene algunos hándicap. La tramitación es muy larga, con participación de los gobiernos central y autonómico y votación en el Senado. Dudo que las agendas del Gobierno de España y del Senado estén tan aligeradas como para incluir las urgencias de un pequeño municipio que gozaba de mayoría absoluta pero la perdió por culpa de las irregularidades del grupo mayoritario. Además, dentro de año y medio ya habrá otra vez elecciones.
El acuerdo del partido mayoritario con los dos grupos minoritarios es factible y deseable. Basta pactar un programa de actuación, centrado en las necesidades de los ciudadanos, para formar un gobierno de coalición, con mayoría socialista. El problema es que el alcalde sería, irremisiblemente, del PP o de Foro, y al quedar sólo en el despacho abriría los cajones…