IU registró la proposición de ley sobre la reforma electoral que recoge el dictamen aprobado en la Junta General del Principado. La iniciativa legislativa también viene respaldada por las firmas de los portavoces del PSOE y UPyD. El Gobierno y sus aliados mantienen el apoyo a la reforma, así que teóricamente tiene todos los visos de convertirse en ley del Principado. Sin embargo, Fernando Lastra se ha encargado de arrojar dudas sobre el curso parlamentario de la proposición de ley, ya que volvió a decir que le parece muy bien la iniciativa, pero que los socialistas no la apoyarán si no cuenta con el respaldo de alguno de los dos grupos del centro-derecha. Una condición de imposible cumplimiento porque Foro y PP rechazan la proposición, así que de aprobarse será con 23 escaños. ¿Qué va a suceder?

A corto plazo aumentará la tensión entre el Gobierno socialista y sus socios. No es el único motivo de fricción, pero sí es el más importante. IU y UPyD saben que con el cambio de la normativa obtendrán más diputados y ese es un motivo suficientemente poderoso para no ceder en la controversia con el PSOE. Los socialistas pueden volverse atrás y rectificar, ya que los escaños que perderán con el cambio normativo irán a parar a sus aliados, aunque a ningún partido le gusta ceder cuota parlamentaria. Las manifestaciones de IU y UPyD parecen contundentes, pero el otoño político asturiano es muy largo y no está claro si llevarán hasta el final su amenaza de ligar la suerte de los presupuestos de 2014 a la aprobación de la reforma electoral.

El malentendido entre el Gobierno y los dos pequeños partidos no estaba en el guión de este curso parlamentario. Los socialistas debían haberlo evitado poniendo objeciones al modelo de reforma de IU y UPyD, cuando se debatía en comisión. Podían haber argumentado que había 39 diputados (PSOE, Foro y PP) en contra de su propuesta, y no es lógico que seis diputados se impongan a una mayoría tan abrumadora. El PSOE se equivocó de táctica, caminó del brazo con sus aliados y, al final, sorprendió a todos con su negativa a convertir en ley una reforma que considera positiva, pero que cuenta con unos apoyos muy ajustados. La objeción de los socialistas no es ninguna frivolidad, porque la normativa electoral es una materia esencial, pero no tiene mucho sentido ponderar una reforma política que luego se va a rechazar.