La gestión conservadora del presupuesto, por parte del Gobierno de Javier Fernández, orientada a aplazar el consumo de los recursos por miedo a sufrir tensiones de tesorería, ha irritado a sus socios parlamentarios, que ven con inquietud cómo algunos capítulos del gasto social, la inversión productiva y los planes de empleo siguen sin ejecutarse pese a que estamos en el último trimestre del año.
La valoración sobre la política de IU y UPyD depende de la bondad de los acuerdos firmados y de la gestión de los mismos, aunque esto último corresponda al Principado. Las cuentas de 2013, consensuadas por el tripartito, tienen aspectos manifiestamente mejorables, como la ridícula cuantía reservada para inversión productiva o el discreto volumen dedicado a políticas de empleo; esos defectos adquieren una dimensión superlativa si el Gobierno regional no moviliza los recursos, decepcionando a trabajadores y empresas. Esta forma de gestionar el presupuesto es lo que llevó a declarar a Álvarez-Cascos que “los gobiernos autonómicos no son entidades de ahorro, porque para eso no hacen falta elecciones ni parlamentos”.
En el debate sobre el estado de la región, buena parte de la animosidad mostrada por IU y UPyD hacia Javier Fernández se debió a la desgana del Ejecutivo en consumir partidas de gran contenido social, como las destinadas a dar empleo a parados de larga duración y las preparadas para rescatar de la marginalidad a familias que tienen unos ingresos inferiores a los 530 euros mensuales.
LEY DE LA DISCORDIA
A la sima abierta entre los aliados y el Gobierno se ha añadido un asunto de muy distinta índole: la reforma electoral. Es muy extraño que la aprobación de una ley constituya una grave amenaza para el Ejecutivo de Javier Fernández. No es normal que una iniciativa sobre modificación en la asignación de escaños le coja con el pie cambiado al PSOE y ponga en riesgo los presupuestos del Principado de 2014 y 2015, erosionando gravemente la imagen del Gobierno. El PSOE es el gran partido asturiano y tiene una dilatada experiencia de gobierno como para verse enredado en un problema que podía y debía haber evitado ¿Qué sucedió para llegar a esta situación?
De entrada, sentemos dos premisas para evitar confusiones. Aumentar la proporcionalidad del voto en la asignación de escaños es un fin loable que aumenta la equidad del sistema electoral. Esta afirmación debe quedar matizada por el hecho de que hay países con larga tradición democrática (EEUU e Inglaterra, entre otros muchos) que no siguen ese modelo y no quiere decir esto que los electores no estén bien representados ni que se obstaculice la alternancia en el poder. La segunda premisa tiene que ver con la propia naturaleza de la normativa electoral que afecta al corazón de las instituciones democráticas. En consecuencia con esta importancia es aconsejable que responda a amplios consensos, no a la mayoría coyuntural de una legislatura. En resumen, tanto el Gobierno como IU y UPyD tienen poderosas razones en la controversia, además de evidentes intereses. ¿Cómo llegó tan lejos la disputa?
ACUERDO EN FALSO
El malentendido se empezó a tejer en vísperas de la investidura de Javier Fernández. El PSOE, con 17 diputados, firmaba un pacto de legislatura con el diputado de UPyD. Un protocolo excesivo para sumar un simple escaño que respondía a las necesidades de Rosa Díez de mostrar a la opinión pública española que su partido no era un mero grupo testimonial sino un influyente partido de gobierno. Javier Fernández aceptó el ceremonial. Ignacio Prendes, titular del grupo unipersonal, exigió abrir una comisión de investigación sobre el “caso Renedo”, llegar a un compromiso sobre la simplificación del mapa municipal y la reforma de la ley electoral. Ninguno de los tres requisitos era del agrado de los socialistas, pero un partido tan experto en negociaciones y pactos gozaba de suficientes resortes para reconducir las exigencias de Prendes, aceptando la comisión sobre el “caso Renedo”, ya que en el peor de los casos el presidente siempre podría apelar al grito de “¡A mí que me registren!”; dando por bueno el estudio del mapa municipal, que ya se encargarían los alcaldes de pararle los pies a UPyD; y negándose a una reforma electoral que le quitaba escaños al PSOE. Con la izquierda y la derecha empatados a 22 diputados, Prendes sentiría vértigo y votaría con la izquierda. En caso de duda, ahí estaba Montoro para echar un capote.
Inexplicablemente, nada de eso sucedió y la reforma electoral pasó de las musas al teatro, tras recibir el aval de una comisión de sabios. Ahora, cuando todo está preparado para convertirla en ley, surge la discusión sobre las mayorías reforzadas que debería haber servido de escudo para detener la iniciativa en la antesala de la sesión de investidura, en mayo de 2012. El PSOE cae ahora en la cuenta que la aprobación de unos presupuestos no compensa la pérdida de dos escaños hasta el fin de los tiempos.
El rechazo tardío a la reforma electoral va a pasar una elevada factura al PSOE, que ya perdió el debate sobre el estado de la región por ese motivo. Bien lo sabe el sanedrín de la FSA, que contraatacó sacando de la chistera el nuevo hospital de Cabueñes, con una supuesta inversión de cien millones de euros, juntando a dos candidatos a las primarias gijonesas (José María Pérez y Santiago Martínez) en el mismo metro cuadrado de la Casa del Pueblo, lugar donde hacía un siglo que ningún gobierno socialista anunciaba nada para Asturias. De no hacer promesas en la sesión de investidura pasamos al manido recurso de los anuncios fantasiosos. Reír o llorar.