El Ministerio de Hacienda ha enviado a la Comisión Europea los datos del recorte presupuestario que van a realizar las administraciones españolas en los dos próximos ejercicios. Las diecisiete comunidades autónomas deberán ajustar 8.631 millones de euros y los ayuntamientos harán un reequilibrio presupuestario de 8.839 millones. El objetivo del Gobierno es que España llegue a 2016 con un déficit conjunto del 3%, sumando los datos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Tras la operación de consolidación fiscal, realizada en los últimos años, al finalizar el pasado ejercicio el déficit global de España era del 10,6% (si añadimos el crédito europeo a la banca), medio punto más que Grecia, tres puntos más que Irlanda y cuatro puntos largos más que Portugal. Con respecto a los demás países lo mejor es evitar comparaciones. El objetivo del 3% nos lo marcó la UE para el año 2013, y tras un largo periodo de tiempo amenazando con sanciones económicas, en caso de incurrir en incumplimiento, nos dio una tregua de dos años. No creo que la estemos gestionando bien, porque tras la queja de los gobiernos regionales el Ministerio de Hacienda decidió relajar las condiciones del ajuste, dando margen para elevar el déficit. Lo peor del asunto es que Cristóbal Montoro no lo hizo por reanimar la actividad económica, sino para calmar a Artur Mas. Veremos con qué cifras se termina el año.
La fiesta de las administraciones públicas se acabó en la cumbre europea del mes de mayo de 2010, cuando los socios comunitarios pusieron a Zapatero entre la espada y la pared. Tres años y medio de recortes, con dos huelgas generales por el medio y la cola del paro más larga de la historia, dejan un saldo mediocre: fue mayor el daño producido a familias y empresas que la ganancia obtenida en la reducción del desequilibrio entre gastos e ingresos. ¿Es creíble un déficit del 3% en 2016? Con los datos precedentes no es posible. Y con las premisas expuestas por el Gobierno, menos. Un ejemplo: Montoro prevé que el ajuste en las regiones será mayor por el aumento de ingresos que por la reducción de gastos. O sube los impuestos, algo que estará prohibido a partir de este invierno porque entramos en vísperas electorales, o la previsión se convierte en quimera. Ya es todo demasiado complejo como para conjugar las exigencias europeas y las de Artur Mas.