El Principado baraja la posibilidad de llevar a los tribunales el proyecto de Reforma Local porque no garantiza la cobertura de los servicios sociales. Guillermo Martínez, portavoz del Gobierno regional, acusa a Rajoy de dar una vuelta de tuerca más al desmantelamiento del Estado del Bienestar. El consejero de Presidencia asegura que la propuesta del Ejecutivo de Rajoy no soluciona los problemas de los ayuntamientos y crea otros nuevos. El Principado no comparte los grandes ejes de la reforma.

Ya empieza a ser costumbre que el Gobierno de Javier Fernández acuda a la Justicia para solventar los disensos con el Ejecutivo central. No es una mala idea impugnar las medidas de una Administración superior, si son nocivas, y máxime si hay probabilidades de que los tribunales nos den la razón. Ahora bien, los problemas entre gobiernos hay que abordarlos a través de soluciones políticas. La labor de presidentes y consejeros no la pueden hacer los abogados. Hasta la fecha, el Principado tuvo algún éxito (impuesto sobre la banca), pero no se pueden caer en la tentación de convertir los tribunales en un sucedáneo de las medidas de negociación y presión propias de los órganos de gobierno. Si al Principado no le convence la Reforma Local, que convoque a los 78 alcaldes asturianos a una reunión y firmen un comunicado conjunto, con copia para La Moncloa. Que visite Javier Fernández a otros presidentes autonómicos y acuerden una resolución conjunta sobre la revisión de la Administración Local. Olvídense un poco de los tribunales y hagan política, que para eso fueron elegidos.

El proyecto de la Reforma Local que entró en el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver con el primer borrador que barajaba el Gobierno. Todos los alcaldes, de izquierda y derecha, se opusieron a la liquidación de los pequeños ayuntamientos (más de 7.000) y se negaron a aceptar el trágala del famoso “coste estándar” que esgrimía el Gobierno para dejarles sin competencias. Los servicios sociales pueden quedar en manos de los consistorios, con financiación autonómica, o prestarlos autónomamente; también pueden ser transferidos a los gobiernos regionales. El articulado de la ley es muy flexible. Guillermo Martínez dice que el proyecto del Gobierno central no soluciona los problemas de los ayuntamientos. ¿Y qué ley soluciona los problemas de la Administración?