La revolución fiscal lanzada por Ignacio González en Madrid no va a ser imitada por Javier Fernández en Asturias. La bajada generalizada de impuestos no afecta a los asturianos que, junto con los catalanes, somos los ciudadanos más penalizados de España por nuestros dirigentes autonómicos. El Gobierno regional manifiesta que no rebajará ningún tipo impositivo. Aunque el descenso de salarios sea generalizado y haya 115.000 asturianos en paro, el régimen fiscal del Principado se mantendrá inflexible. Desde el Ejecutivo se dan dos argumentos para defender la presión fiscal: la necesidad de financiar los servicios públicos y el cumplimiento del techo de déficit, que este año está situado en el 1,06% del PIB. ¿Son razones sólidas?

La financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales es una obligación que afecta a las diecisiete comunidades autónomas. En Asturias se ofrece la misma sanidad y educación que en el resto de regiones, y en cuanto a los servicios sociales, nuestra región tiene como particularidad la implantación del salario social, una exigencia impuesta por IU cuando participaba en los gobiernos de coalición presididos por Álvarez Areces. El salario social, con unas u otras denominaciones, es norma en otros territorios, aunque hay regiones que no lo contemplan. En cualquier caso, se trata de una prestación que se administra con cuentagotas por parte del Principado, de ahí que haya que esperar más de dieciséis meses para cobrarla. Los gobiernos autonómicos que bajan los impuestos también tienen que ofrecer sanidad y educación gratuitas con carácter universal.

Vayamos con el segundo argumento: el cumplimiento del techo de déficit. Al finalizar el mes de agosto, cuando había trascurrido dos tercios del año, el Principado presentaba un superávit del 0,34% del PIB. Sólo La Rioja y Baleares estaban en una situación similar, el resto de regiones arrastraban déficit desde el primer trimestre. Para entendernos, el Principado retenía 73 millones de euros, que podían ser gastados en reactivar la economía o en financiar servicios públicos. Pese a gozar de una situación envidiable, los gobernantes socialistas nos dicen que no cabe rebajar un euro de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Después se extrañarán al ver que ciudadanos y empresas trasladan su domicilio a Madrid.