Javier Fernández es el gran protagonista de la política asturiana, por su doble condición de presidente de los asturianos y gobernante que se quedó sin aliados. Tras la ruptura del pacto con IU y UPyD, todas las miradas están puestas en el porvenir de los presupuestos del Principado para 2014. Hay pocas dudas sobre las intenciones que albergan los ex socios del Ejecutivo, pero hay que jugar el partido: presentar las cuentas, negociarlas con ambos grupos y explorar las posibilidades del acuerdo, aunque la disposición de IU y UPyD es la propia de dos partidos que se sienten engañados. El rechazo presupuestario implicaría la prórroga de las actuales cuentas.

Javier Fernández considera que esa alternativa “es menos un problema político para el Gobierno, que lo es, que un problema social y económico para los asturianos”. Es justo al revés: un problema social y económico para la región, pero inferior al daño político que le infringiría al Gobierno. Veamos. La prórroga de los presupuestos con un gasto a la baja (el techo de gasto ya ha anticipado la consejera de Hacienda que será inferior al del presente año) no implica pérdida de recursos. Los actuales presupuestos son del gusto del Principado, no son unas cuentas heredadas, así que todo lo que habría que hacer es pedir autorización al Parlamento para realizar algunas modificaciones y, en el peor de los casos, el Gobierno solicitaría créditos extraordinarios que serían concedidos si van destinados a financiar servicios públicos esenciales (sanidad, dependencia, salario social).

El mayor daño es para la imagen del Gobierno, porque la prórroga coloca, objetivamente, el poder de decidir en manos de la oposición. Dicho en términos que le son muy caros al presidente: el fin de la normalidad institucional, ya que lo habitual es que cualquier gobierno, por el hecho de serlo, cuente con apoyos suficientes en la Cámara. Gobernar en contra de una mayoría parlamentaria no es un ejemplo de normalidad democrática. La imagen de un presidente dialogante, capaz de liderar una alianza tripartita, se viene abajo y emerge en el horizonte la realidad de un gobierno atascado que tiene por delante dos años seguidos de prórroga presupuestaria. Una normalidad democrática muy extraña, la que conlleva aprobar un solo presupuesto en tres años de gestión. Esa forma de gobernar es una tortura.