La negociación sobre las cuentas de 2014 entre el Gobierno regional y sus ex socios está a punto de iniciarse en un clima de frialdad y distanciamiento debido al enfrentamiento habido en torno a la fracasada ley electoral. Al hablar de pactos presupuestarios, la experiencia indica que importan más las estrategias y las intenciones de los partidos que los números puestos encima de la mesa. El diálogo se llevará a cabo con dos obstáculos, el derivado de tres partidos que acaban de romper un acuerdo sobre la normativa electoral y el propio de tres grupos que tienen distintos programas electorales. Sobre este último asunto, las diferencias se pueden objetivar en torno a los impuestos, las inversiones, los planes de empleo y el bienestar social.

IU quiere subir más los tributos, mientras que UPyD se niega en redondo a hacerlo; por su parte, el Gobierno prefiere dejarlos como están. No se ve la manera de unir a los tres grupos en torno a una misma propuesta fiscal. Sobre inversiones y planes de empleo, IU y UPyD tienen una visión distinta al Ejecutivo de Javier Fernández. Los dos partidos minoritarios consideran que el Gobierno no cumplió con lo pactado para 2013 y queda muy poco tiempo para que acabe el año. El presidente está muy satisfecho del grado de ejecución presupuestaria. Una diferencia de criterio que no va a ser fácil de solventar. Por si hubiera alguna duda, los cuatro partidos de la oposición y los agentes sociales coinciden en señalar que las partidas de inversión y empleo están en buena medida sin ejecutar. Con vistas al próximo año es de imaginar que IU y UPyD pidan una cantidad mayor para inversión, ya que la reservada para 2013 fue la más baja de los últimos diez años. Lo mismo ocurre con los planes de empleo, los dos ex socios están molestos por los retrasos en su aplicación y desean que haya más recursos para el próximo ejercicio. El presidente Fernández no reconoció todavía ningún retraso en la materia.

Queda el bienestar social como última cuestión conflictiva. IU gestionó ese departamento durante siete años y muestra una gran sensibilidad hacia programas que implantó como el salario social. El balance del Principado en esa materia es desolador, con un salario social atascado y un gran malestar por parte de los potenciales beneficiarios. ¿Podrá el Gobierno de Javier Fernández sortear tantos obstáculos?