El Principado pretende enajenar Sedes por cinco millones de euros, aunque el valor contable que consta en la Administración es de 26,7 millones. Con esos dos datos la conclusión es obvia: ¡vaya ganga! Dan ganas de pedir uno de esos créditos que concedían antes los bancos para hacerse con una sociedad que tiene un cuantioso patrimonio inmobiliario, como lo prueba su valor contable. La cosa se complica hasta hacerse indescifrable si añadimos que Sedes tiene una deuda de más de 87 millones. Con un fardo así en las cuentas, cómo aspira el Principado a venderla por cinco millones. Aunque la intentase enajenar por cero euros no encontraría comprador. El otro día se vendió Nova Galicia por un millón de euros, pero primero el Estado la saneó con nueve millones. En el caso de Sedes, el Principado tendría que levantar la pesada losa de la deuda y, luego, intentar colocarla a empresas privadas. Sin sanearla no habrá ningún incauto que esté dispuesto a pagar 5 millones por una sociedad que adeuda 87.

Asombra que la consejera de Fomento no dé más explicaciones sobre cómo espera deshacerse de esta sociedad y que toda la oposición no levante la voz, al unísono, para pedirlas. Sedes era una sociedad mercantil estable hasta que al Gobierno socialista se le ocurrió que debía comprar una amplia zona del Palacio de Calatrava para alquilársela al propio Principado. Luego, los socialistas cambiaron de idea, y compensaron a Sedes por la compra de las instalaciones del Calatrava con la transmisión de cuatro inmuebles que debían ser derribados y vuelto a construir sobre sus solares con el objeto de vender las nuevas viviendas. Nada de eso se hizo y Sedes mantuvo el logotipo aunque cambió el color de la tinta para que el resultado estuviera escrito en números rojos. Me recuerda Sedes la peripecia de Rumasa, en 1983, cuando el Gobierno le puso cerco y el dueño del holding decía que los inspectores de Hacienda no valoraban correctamente su gran patrimonio inmobiliario, hasta que Miguel Boyer preguntó, irónicamente, cuánto vale la Catedral de Burgos o el Acueducto de Segovia.

Para comprender que Sedes está desahuciada no hace falta conocer su contabilidad, basta con saber que Javier Fernández quiere venderla. El Gobierno autónomo más remiso de España a desprenderse de empresas y sociedades públicas tiene claro que quiere vender Sedes, demostración palpable de la incapacidad para reanimarla.