El plan de las administraciones de vender patrimonio para generar ingresos es más teórico que real. Año tras año, aprueban presupuestos con entradas ficticias fruto de ventas imposibles. Al finalizar el ejercicio los inmuebles siguen en manos de las administraciones y los ingresos quedan convertidos en un mero apunte de papel. No importa, el mismo truco se repite al ejercicio siguiente, y vuelve la misma venta de patrimonio a financiar el gasto en sanidad o educación para que las cuentas cuadren. La oposición protesta porque los recursos presupuestarios están inflados, pero no pasa nada. Cuando estalló la crisis económica, un barril de petróleo servía como medio de pago en operaciones financieras que excedían veinte veces su precio; algo parecido pasa con los edificios autonómicos en la actualidad. A eso se le llama vivir por encima de nuestras posibilidades.

Las sedes del Principado en Bruselas (por qué somos tan temerosos y no la llamamos “embajada”) y en Madrid, así como el antiguo Palacio de Justicia de Gijón, están a la venta desde el año 2011. Al principio se ofertaban por 28,8 millones de euros y ahora por 25 millones. Es muy probable que el próximo año vuelvan a contar como previsibles ingresos y podrán seguir desempeñando su papel principal, como instrumentos de financiación teórica de servicios públicos. Si se lograsen enajenar dentro de unos meses el patrimonio inmobiliario sólo tendría validez para este ejercicio, como cobro real, pero no servirían de ilusión óptica para posibilitar gastos más allá de lo que nos podemos permitir, un año detrás de otro.

Llevadas las cosas a este extremo, uno echa de menos dos cosas. Los servicios económicos de la Administración deberían ser tan rigurosos con los presupuestos de los gobiernos como lo son los auditores con las empresas privadas. De ser así, no existiría en el argot de los políticos la expresión, “pintar un proyecto en los presupuestos”. Los ejercicios de imaginación deberían estar prohibidos en la contabilidad. Y dos: tanta tinta derramada por la negociación de los presupuestos y qué poca atención sobre la ejecución de las cuentas. Como prueba de transparencia, debería haber sesiones parlamentarias trimestrales dedicadas íntegramente a la ejecución presupuestaria, con gran rigor y profusión de datos. Así no podría un edificio financiar diez años el gasto sanitario, a mayor gloria del Estado del Bienestar.