Los partidos de la oposición se muestran dispuestos a negociar los créditos extraordinarios que solicitará el Gobierno al Parlamento, pero desconfían del proceder del Ejecutivo que preside Javier Fernández. El PP exige que las peticiones del Principado sean muy detalladas para conocer los proyectos concretos que se van a financiar y rechaza cualquier propuesta genérica porque no están dispuestos a firmar un cheque en blanco. IU se declara abierta al diálogo pero recela de las formas del PSOE. Ángel González asegura que los socialistas no pueden acusarles de partidismo, porque fueron ellos los que realizaron la actuación más partidista del mandato al rechazar la reforma electoral que pedían los asturianos, dando prioridad a los intereses del PSOE. Por su parte, Cristina Coto dice sí al diálogo con transparencia para la aprobación de recursos, pero recuerda la tendencia del Gobierno socialista a aprobar leyes opacas. La portavoz de Foro considera que el Gobierno tiene margen para utilizar la vía de las modificaciones presupuestarias, con nuevo reparto de recursos, sin que haya que solicitar créditos extra para hacer frente a cualquier gasto.

Los créditos que plantee el Gobierno deben ser debatidos con el mismo rigor que las partidas presupuestarias. No son propuestas de apoyo forzado, porque caben alternativas. Aunque todavía no se conoce el contenido de los mismos, entre las primeras referencias hechas por los dirigentes socialistas destaca la alusión al salario social. No es una cita inocente. Hay un amplio consenso, político y social, sobre la necesidad de dotar de más recursos a la renta mínima de inserción por el atasco que sufre la gestión de la misma (achacar la larga lista de espera a la ausencia de una herramienta informática es un cuento para no dormir), y el hecho de que la mitad de los parados hayan agotado las subvenciones del desempleo empuja a ampliar la partida para el salario social.

Ahora bien, no puede el Gobierno utilizar el truco de anexar a la ampliación del salario social otras cuestiones mucho más discutibles, con el argumento de que rechazar el crédito extraordinario supone vetar el trasvase de dinero para el salario social. Es preciso que el Gobierno actúe con mucha claridad y con el ánimo de incorporar las sugerencias de la oposición. En caso contrario, los 17 meses que faltan para las elecciones se convertirán en una guerra de desgaste.