La Consejería de Educación ya ha empezado a contar lo que no había dicho al Parlamento ni había comunicado a los medios ni a la comunidad educativa asturiana: al finalizar el año, cuando las arcas públicas suelen estar exhaustas por las ingentes demandas del sector, pudo asignar una importante partida de dinero para obras y mantenimiento (en la nota informativa se habla de mantenimiento, pero la mayor parte del dinero se lo llevan las obras). La Consejería dice que es legal y que se trata de una actuación que responde a la autonomía de gestión que poseen los centros.

El control de la legalidad de la Administración tiene unos cauces que en caso de disconformidad se puede dirimir en los tribunales de Justicia. Otra cosa es la valoración política. La Consejería de Educación distribuye 6,3 millones de euros entre un numeroso grupo de centros escolares en la víspera de Nochebuena, algo que no había hecho jamás. La actuación viene impulsada por la Consejería de Hacienda, que viendo en sus manos la cantidad de dinero sobrante tras pasarse un año ahorrando en planes de empleo, inversiones productivas y salario social, decide a última hora gastarlo como sea. Dada la orden, la Consejería de Educación anuncia cantidades redondas para los centros escogidos (hay otros que también necesitan hacer obras y se quedan sin nada) y les comunica la buena nueva: ahí van 60.000 para tus necesidades. Hasta la fecha, el procedimiento se iniciaba con una visita de los técnicos de la Consejería al instituto o colegio, luego la Consejería realizaba la contratación y cuando tocaba pagar giraban el dinero exacto al centro.

Como el procedimiento seguido es atípico, se envuelven en el discurso de la autonomía de centros, una política que se acaba de estrenar en Asturias el pasado 23 de diciembre. Claro que es posible dar autonomía a los centros escolares, como las tienen las unidades de gestión clínica en la sanidad, pero con unas reglas fijadas de antemano, como son, por ejemplo, los contratos-programa, no improvisadas sobre la marcha para que se puedan imputar los gastos en el presupuesto de 2013. Como práctica presupuestaria la decisión de la Consejería de Hacienda es una chapuza, al pasar del máximo ahorro al gasto desenfrenado. Desde la perspectiva de la gestión de recursos educativos es un gesto frívolo y discriminatorio, con tanto profesor interino sin contratar y tanto programa educativo abandonado.