El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha suspendido la reunión plenaria de la comisión gestora de Cudillero, donde los concejales socialistas pensaban repartirse las responsabilidades de gobierno. El TSJA explica que están pendientes de resolver los recursos presentados por Foro y PP contra la constitución de la gestora, al no haberse cumplido las condiciones expuestas en una anterior resolución del propio TSJA. Una vez más, los tribunales intervienen para anular las decisiones que toma el PSOE en el Ayuntamiento de Cudillero. Todos los actos recurridos han sido anulados. Nunca se vio un caso semejante. No se entiende cómo no les cae la cara de vergüenza al ver que los tribunales dicen que no se ajustan a la legalidad sus decisiones, viéndose continuamente obligados a rectificar por orden judicial. Los líderes de la FSA arroparon y defendieron todas las trapacerías del socialismo pixueto, aunque últimamente, ante las dimensiones gigantescas del escándalo, evitan acudir al Ayuntamiento de Cudillero.

Está en juego la devolución de la institución municipal a las coordenadas de la democracia, labor urgente donde las haya, porque en caso contrario habrá que aceptar que conviven en Asturias dos legalidades, una se aplica en 77 ayuntamientos, y la otra sólo rige en Cudillero. En ningún otro lugar se admite que un señor (Ignacio Fernández) ajeno a la Corporación se convierta en alcalde, o que dimitan los concejales socialistas en cadena para hacer inviable el pleno municipal y dar paso a la gestora. ¿Cómo Javier Fernández no se da cuenta que el PSOE no puede aceptar esos comportamientos bajo sus siglas? No se trata de ser progresista o mediopensionista, sino de cumplir con unos requisitos mínimos de democracia sin los cuales la representación municipal se transforma en grupo organizado con intereses particulares.

Esta semana tuvo lugar un suceso que ejemplifica el estado de permanente trasgresión que se vive en Cudillero. Al jefe de la Policía Local, bestia negra del socialismo cudillerense, le sustraen el ordenador de trabajo y aparece en el domicilio del edil socialista Ignacio Fernández. Explicación del PSOE: el policía no tenía derecho a usar ese ordenador, y el funcionario que se lo quitó no pudo reintegrarlo al Ayuntamiento porque estaba cerrado, optando por llevarlo a la casa de Ignacio Fernández. ¿No cree Javier Fernández que llegó la hora de darles el alto?